Referentes del PS, de la UCR, de PARES y el SI, partidos que integran el Frente Progresista Cívico y Social, se reunieron a raíz de las declaraciones vertidas por funcionarios nacionales con respecto al Gobierno de la Provincia.
El resultado del encuentro es una declaración política en la que afirman "las declaraciones de Freyre se dan en el marco de una serie de sucesos políticos que interpretados en conjunto, cuanto menos significan una afrenta al juego de pesos y contrapesos que el diseño institucional democrático de nuestro país y de la provincia han dispuesto entre los diferentes poderes estatales, así como entre los diferentes niveles de Estado y entre oficialismo y oposición".
Para los representantes del FPCYS "la Provincia de Santa Fe no ve amenazada la forma republicana de gobierno, ni está presta a una invasión extranjera, no hay actos de sedición ni está en cuestión su relación con otras provincias hermanas. Es decir, no se dan ninguno de los extremos propios que justifiquen la Intervención Federal prevista en la Carta Magna Nacional".
Finalmente concluyeron "a esta crítica situación que atraviesa nuestro país debemos responder como sociedad y como responsables políticos que somos todos los representantes, con un acuerdo político y social. Si verdaderamente existe, como lo expresa Freyre, una vocación por enfrentar este delito, sus declaraciones no se condicen con tal voluntad. El kirchnerismo deberá decidir si el principal enemigo es el Frente Progresista Cívico y Social o es el narcotráfico".
Este es el documento emitido ayer:
La Mesa del FPCyS de la Ciudad de Santa Fe expresa su contundente rechazo a las declaraciones del Presidente Provincial del Partido Justicialista, Luis Freyre según las cuales, la Nación tendría elementos suficientes para disponer la Intervención Federal de la Provincia de Santa Fe. Consideramos que las mismas son de extrema gravedad y en nada se condicen con la realidad de nuestra Provincia.
Vemos con preocupación el tinte que cobran las interpretaciones de los hechos acaecidos en las últimas semanas en la Provincia de Santa Fe vinculados al tema seguridad. Las declaraciones de Freyre se dan en el marco de una serie de sucesos políticos que interpretados en conjunto, cuanto menos significan una afrenta al juego de pesos y contrapesos que el diseño institucional democrático de nuestro país y de la provincia han dispuesto entre los diferentes poderes estatales, así como entre los diferentes niveles de Estado y entre oficialismo y oposición.
La Provincia de Santa Fe no ve amenazada la forma republicana de gobierno, ni está presta a una invasión extranjera, no hay actos de sedición ni está en cuestión su relación con otras provincias hermanas. Es decir, no se dan ninguno de los extremos propios que justifiquen la Intervención Federal prevista en la Carta Magna Nacional.
Las declaraciones del Presidente del principal partido opositor no pueden ser entendidas más que como un acto de altísima irresponsabilidad política que -como los anteriores- han tenido por objeto sacar provecho de situaciones de conflictividad que afronta la sociedad en su conjunto, no sólo en la provincia, sino en el país entero, en materia de seguridad vinculadas con el narcotráfico.
Efectivamente, el problema del narcotráfico no es privativo de la Provincia de Santa Fe, sino una realidad que cada día afecta a más y más compatriotas. Pretender entonces, que una provincia garantice en soledad una lucha efectiva contra ese flagelo, representa un desconocimiento profundo de la situación que se atraviesa y un desmerecimiento de las acciones que el Gobierno Provincial ha llevado adelante, con sus propios recursos en esta materia.
La decisión de dar respuesta clara al flagelo del narcotráfico, no puede reconocer fronteras de organizaciones partidarias, institucionales, ideológicas y sociales, porque si eso sucede sólo pierde la ciudadanía, atrapada entre fuegos de artificios irresponsables, mientras quienes ganan millones al año por traficar drogas siguen infiltrando a más ciudadanos cada día.
A esta crítica situación que atraviesa nuestro país debemos responder como sociedad y como responsables políticos que somos todos los representantes, con un acuerdo político y social. Si verdaderamente existe, como lo expresa Freyre, una vocación por enfrentar este delito, sus declaraciones no se condicen con tal voluntad. El kirchnerismo deberá decidir si el principal enemigo es el Frente Progresista Cívico y Social o es el narcotráfico.
El Gobierno Nacional debe estar a la altura de las circunstancias y asumir su ineludible responsabilidad de ponerse al frente de la lucha contra el narcotràfico.
Por todo ello, los integrantes de Mesa del Frente Progresista Cívico y Social de la Ciudad de Santa Fe:
Rechazamos todo intento de vulneración de la voluntad popular santafesina.
Exigimos que el Presidente del Partido Justicialista rectifique sus aseveraciones.
Defendemos la autonomía y promovemos el federalismo en todos sus aspectos.
Ratificamos las políticas y el compromiso que el gobierno provincial lleva adelante en materia de lucha contra los delitos complejos.
Solicitamos que el Gobierno Nacional asuma con políticas activas, convocantes y concertadas federalmente la lucha contra el narcotráfico.
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