Daniel Scioli salió ayer de la polémica generada en torno al proyecto de ley que dispone quitar tierras a los emprendimientos privados para erradicar villas y asentamientos de la manera que mejor sabe. Tras amagar con un abanico de opciones, incluido el veto parcial, el gobernador bonaerense encontró un resquicio para no quedar mal con la Casa Rosada, que fogonea esa norma, y contentar al mismo tiempo al sector privado. Sin modificar una coma del texto de la Ley de Acceso Justo al Hábitat "con media sanción gracias al apoyo de casi todos los bloques en Diputados" adelantó que en su posterior reglamentación se dejará en claro que no se afectarán derechos adquiridos ni la propiedad privada.
En un comunicado de la jefatura de Gabinete, a cargo de Alberto Pérez, garantizó que el Ejecutivo establecerá que "no se verán afectados ni violados ninguno de los derechos adquiridos, ni el derecho a la propiedad".
Con esta fórmula, de resaltar las aclaraciones, el sciolismo busca bajar la espuma de la polémica sumando que "no existe la obligación de la cesión de tierras, sino una contribución económica al municipio siempre que exista una decisión administrativa del Ejecutivo local que revalorice dichas tierras". La norma fija que los grandes emprendimientos inmobiliarios realicen ese pago con una donación de tierras o, como alternativa, con el equivalente al 10% (hasta el 33%) de la superficie del predio ocupado.
"Son aclaraciones que ya estaban en el proyecto de ley que votamos ", consideró el diputado Walter Martello, de la Coalición Cívica-ARI, momentos después de mantener un encuentro con Scioli, Pérez e intendentes. De allí se llevó un compromiso: El gobernador nos garantizó que el texto no sería modificado y que la reglamentación mantendrá el espíritu de la ley", reveló.
Los reparos del sciolismo ante la ley comenzaron con las advertencias de los senadores de La Juan Domingo. Pero, apenas 24 horas después de reunirse para acordar la agenda legislativa del resto del año con su vice, Gabriel Mariotto, el propio gobernador barajó por radio tres alternativas para la cuestionada iniciativa: a través de su reglamentación, con la modificación del proyecto (por lo que debería volver a la Cámara baja) o "un veto parcial". Enseguida, La Cámpora, a través del diputado Andrés Larroque, salió al cruce de la amenaza.
"Fue una salida consensuada porque era necesario aclarar las cuestiones que preocupaban al mundo privado", analizan ayer en despachos platenses. Durante todo el día se cruzaron llamados entre el sciolismo y el kirchnerismo para acordar una salida elegante. Sin embargo, cerca de Mariotto mantenían la calma. “La ley sale como de Diputados”, era la promesa, al tiempo que confiaban que se respetaría lo acordado con Scioli.
En el kirchnerismo confían que los retoques del Ejecutivo, posteriores a su aprobación, no causarán ningún impacto. "Ningún decreto puede ir en contra del espíritu de la ley ni el texto que reglamenta", aseveró el diputado Fernando “Chino” Navarro, del Movimiento Evita.
Tangencialmente, en la Gobernación agregaron la modificación al proyecto de Ley impositiva, que está en tratamiento en la Legislatura, para no aplicar el coeficiente de actualización de las valuaciones fiscales en el segmento del impuesto inmobiliario baldío, y “evitar una desmesurada carga tributaria” y contribuir “a la creación del fondo fiduciario que financiará la erradicación y urbanización de asentamientos”.
Igual, tiempo sobra para que vuelva a estallar la polémica: el Senado lo tratará en el recinto el próximo 15 de noviembre.
El sujeto fue sorprendido mientras forzaba puertas de domicilios y cabinas de gas en la zona.