El fiscal Carlos Sale solicitó la pena de 25 años de prisión para los principales acusados de secuestrar con fines de trata a Marita Verón, la joven tucumana desaparecida en abril de 2002.
Se trata de María Jesús, Víctor Rivero, Daniela Milhein, Alejandro González, Irma Medina, José Fernando Gómez y Gonzalo Gómez.
El abogado de la querella, Carlos Varela Álvarez pidió que los captores informen dónde está la joven. "Pedimos que devuelvan a Marita y que pidan disculpas por su secuestro", manifestó.
En diálogo con el canal de noticias TN, Susana Trimarco, madre de Marita Verón, aseguró: “Fue una sorpresa para mí el pedido de la fiscalía”.
Y agregó: “Esto es sólo una etapa del juicio. Luché 10 años para que lleguemos a esta instancia, pero a Marita todavía no la encontré y todavía queda un largo recorrido. Mi objetivo es seguir buscando a mi hija”.
Trimarco señaló que “con esta gente en la cárcel” ayudará a muchas mujeres y sus familias “para que no le sigan haciendo daño”.
“No pierdo la esperanza de que me digan dónde está mi hija”, concluyó.
El abogado querellante había solicitado que, si los imputados deciden no hablar, el tribunal establezca como indemnización "la suma que corresponda según el criterio establecido por el artículo 88 de la Corte Internacional de Justicia, basado en el concepto de equidad".
El juicio se reanudó esta mañana, luego del cuarto intermedio dispuesto ayer por una descompensación transitoria sufrida por un vocal de la sala II, Eduardo Romero Lascano, con el alegato de abogado querrellante.
Al finalizar su exposición, Varela Álvarez explicó que "si bien había una demanda originaria que era cuantiosa, llegamos a la conclusión con la familia de que, estando Marita desaparecida, no era bueno pedir dinero sino un concepto de reparación".
"Ojalá el tribunal pueda discutir sobre este tema porque sería un caso histórico que un tribunal acepte el concepto de reparación que generalmente se da para el caso de violencia
estatal", indicó el abogado.
"Nosotros teníamos que pedir un monto de dinero y pedimos un peso porque no queremos recibir dinero bajo ningún concepto ya que sólo nos interesa que aparezca Marita", agregó.
Al hacer un repaso del desarrollo del juicio, Varela Alvarez señaló que "para nosotros era muy importante acreditar el secuestro" y destacó la declaración de "Andrea de Rosas, la chica misionera que estuvo ocho años secuestrada y es la que vio cuando pagan por Marita 50.000 pesos".
"Ese dato es muy importante porque permite comprobar que Marita fue vendida y comprada", expresó.
El letrado describió a los prostíbulos de La Rioja como "campos de concentración privados" y resaltó que "en esos lugares se torturaba" a las víctimas.
El sujeto fue sorprendido mientras forzaba puertas de domicilios y cabinas de gas en la zona.