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Con los reclamos populares por la inflación y la caída de la imagen positiva de la presidenta Cristina Fernández como telón de fondo, el Gobierno volvió a la carga con el control de los precios. Además de pedirle a los supermercados que presenten una canasta de 300 productos básicos cuyos precios se harán públicos mediante una página web, el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, renovó los pedidos de listas de precios a los importadores. Y según trascendió, las autorizaciones, en promedio, rondarán el 12%.

Después de varios meses de calma con este tipo de exigencias, el mes pasado el funcionario retomó la iniciativa y comenzó a pedirle a los empresarios que presenten sus listas de precios para el mercado interno, segmentada por productos premium, básicos y masivos. Según afirmó el director de Relaciones Institucionales de la Cámara de Importadores de la Argentina (CIRA), Miguel Ponce, el reciente motivo de consulta de la mayoría de los socios radica en este nuevo pedido de Moreno, que consiste en que “los potenciales aumentos de precios no podrán exceder, en promedio, 12% de la lista anterior y que la mezcla no podrá superar el 7% en productos masivos, el 14% en indispensables y 18% en premium”.

Para poder importar, los empresarios no sólo tienen que ajustarse a ese reclamo, sino también facilitarle al secretario de Comercio sus planes de inversiones y de exportaciones. La novedad, en este caso, es que mientras que a comienzos de año Moreno aceptaba que los empresarios le presenten sus planes para vender al exterior –los planes 1 a 1, para equilibrar la balanza comercial–, ahora autoriza las Declaraciones Anticipadas Juradas de Importación (DJAI) si el importador presenta documentación concreta de que ha efectivizado la exportación, afirmó el titular de la consultora DNI, Marcelo Elizondo.

Incluso, Moreno creó dentro de su propia secretaría una oficina en la que los importadores deben presentar las planillas excel con las constancias de las ventas al exterior, sostuvo el consultor.

De todas formas, si bien aumentó la exigencia respecto de que para importar el empresario debe exportar, se flexibilizó el mecanismo para llegar al objetivo. Si antes el importador debía registrarse como exportador o el exportador vender a cuenta y orden del importador, ahora Moreno acepta los “contratos de buena voluntad”, que implican que el exportador manifieste que exporta más –por la obtención de un nuevo mercado o porque logró mayor volumen– gracias a la buena gestión del importador.

Los controles a las importaciones se agudizaron en los últimos dos meses, luego de un período en el que el Gobierno había mostrado una mayor flexibilización. Tanto es así que agosto fue el mes de mayor caída interanual de las compras al exterior de los últimos tres años. El derrumbe de las importaciones llegó al 17%, frente a una merma en las ventas al exterior del 6%. Con el superávit de agosto –alcanzó los u$s 1.628 millones–, la administración de Cristina Fernández llegó a la meta de u$s 10.000 millones que se había propuesto para el año, por lo que desde la Cámara de Importadores esperan una mayor liberación de DJAI en los próximos meses.