Lt 10

La propuesta, anunciada públicamente por la presidente Cristina Fernández de Kirchner, recibió dictamen favorable en el Senado el martes pasado, con el apoyo del Frente para la Victoria (FPV) y del radicalismo. En caso de recibir media sanción, la iniciativa quedará en condiciones de ser convertida en ley tras el debate en la Cámara de Diputados.

El proyecto introduce lo que se conoce como la “opción excluyente” u “opción con renuncia”, según la cual el trabajador damnificado por un accidente laboral o sus familiares deberán elegir entre cobrar la indemnización de la Aseguradora de Riesgos de Trabajo (ART) o reclamar una reparación integral mayor en un juicio civil.

El Frente Amplio Progresista (FAP) rechazó la norma presentada por el FPV y anticipó que presentará un dictamen de minoría de un proyecto propio. En cambio, el bloque de senadores del radicalismo apoyó la iniciativa oficialista pero se quejó -al igual que los miembros del peronismo disidente- de no haber escuchado antes a representantes de la CGT y de la CTA. Por esa razón, los radicales convocaron para el próximo martes, a las 15, al jefe de la central obrera de Azopardo, Hugo Moyano, y al titular de la CTA no oficialista, Pablo Micheli, con el objetivo de que expongan en el Senado su posición sobre el proyecto del Gobierno, un día antes de que la iniciativa llegue al recinto.

El oficialismo descuenta que contará con los votos necesarios para dar media sanción al proyecto en la sesión del miércoles 3 de octubre, dijeron fuentes del bloque oficialista.

El proyecto deroga la llamada “doble vía”, o sea, la posibilidad actual de cobrar la indemnización tarifada de la ART y de reclamar a la vez un resarcimiento mayor ante la justicia laboral, si el trabajador o los familiares la consideran insuficiente.

Otro cambio importante es el hecho de que se transfiere el reclamo judicial de un conflicto del trabajo del fuero laboral al fuero civil.

Además, el proyecto eleva las tarifas del sistema en un 20 por ciento, fija una actualización de los montos en forma semestral, y posibilita la formación de las llamadas ART-Mutuas sin fines de lucro entre las entidades de empresarios y los sindicatos.

Con el fin de compensar el incremento de las tarifas, el proyecto también fija un tope a los honorarios de los abogados en el 20 por ciento.

Al defender la iniciativa en la comisión de Trabajo del Senado, esta semana, el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, dijo que “el proyecto será bueno si la indemnización es buena y no se desactualiza en el tiempo, y si la plata de la indemnización llega rápido al trabajador”, sostuvo.

Desde el sector privado, la UIA rechazó el proyecto del oficialismo, al considerar que no es conveniente enviar una normativa completamente nueva en el marco de una crisis económica mundial, ya que podría afectar la inversión empresarial y la competitividad. En tanto, la gerente general de la Unión de Aseguradoras de Riesgos de Trabajo, Mara Bettiol, celebró las medidas al señalar que se trata de "un paso importante" para resolver uno de los "focos de litigiosidad" existentes.