"Sería bueno que el Ministerio de la Nación exprese su apoyo la reforma". El jefe de la cartera educativa porteña, Esteban Bulrrich, reclamó a su par nacional Alberto Sileoni que defienda públicamente la normativa federal que ordena la homologación de títulos técnicos en todo el país, y que la Ciudad aplicó con quite de contenidos específicos, que luego motivaron la toma de más de 30 colegios.
Bullrich reiteró en declaraciones radiales que los cambios a los planes de estudio de las escuelas medias fueron impulsados por el Ministerio de Educación de la Nación para todos los distritos desde hace varios años, pero que la Ciudad recién empezó a implementar ese año. Esas reformas se deben realizar para que los títulos tengan validez nacional, ya que el Consejo Federal de Educación emitió una disposición con diez puntos básicos para unificar criterios de enseñanza en todo el país y que las provincias deben adecuar en su territorio.
Doce provincias ya adecuaron esos contenidos a los lineamientos mínimos y Buenos Aires presentó su propuesta en mayo pasado, pero fue objetada por no cumplir con las condiciones sobre carga horaria, informaron fuentes del ministerio de Sileoni. Pero el conflicto se inició 11 días atrás, cuando centros de estudiantes agrupados en la CEB resolvieron la toma de colegios técnicos luego de que Bullrich no les garantizara su participación en las reformas curriculares.
Este viernes, el ministro de Mauricio Macri aclaró que no cederá en su posición y reiteró que no va a abrir el diálogo a los alumnos que toman las escuelas desde hace más de diez días hasta que desistan de la medida. "Restaría autoridad a los directivos de las escuelas", se justificó.
En este marco, el jueves cientos de estudiantes marcharon al Ministerio para reunirse con el titular de la cartera, pero no los recibió por que consideró que "buscan desprestigiar la imagen del gobierno de Macri". Según Bullrich, en esa movilización que "había banderas de sindicatos que son parte del kirchnerismo". Horas antes había dicho que detrás de las protestas de alumnos "hay otras razones" que no son pedagógicas, ni educativas y aseguró que "están mal asesorados".
Se trata del tercer policía implicado en la causa. El acuerdo de juicio abreviado incluye una inhabilitación por seis años para ejercer cargos públicos y una multa de 2 000 000 de pesos.