Finalmente, el Poder Ejecutivo resolvió posponer el envío del proyecto de presupuesto provincial 2013, y enviarlo dentro de quince días a la Legislatura. Los plazos constitucionales estipulan que el mensaje debe ser girado a las cámaras antes del 30 de septiembre por lo que el texto debería haber estado listo para hoy, o a más tardar, el lunes 1° de octubre.
Sin embargo, fuentes de la Casa Gris confirmaron a El Litoral que la proyección de gastos y recursos para el año que viene recién se remitirá al parlamento provincial el próximo 10 de octubre. Es que además de las readecuaciones que debieron incorporarse contrarreloj al texto por la sanción de la reforma tributaria, estarán ausentes del país desde mañana y por dos semanas, tanto el gobernador Antonio Bonfatti como el ministro de Economía, Angel Sciara (ver aparte). A su regreso, se remitirá el mensaje a las cámaras y se presentará el texto públicamente.
Pautas y retoques
La elaboración del presupuesto 2013 debió esperar, en primer lugar, que la Nación fijara las pautas macroeconómicas de su propio presupuesto, que se conocieron recién la semana pasada. Una vez que desde el Ministerio de Economía de la Nación se informó que para el año que viene se preveía una inflación del 10,8%; una tasa de crecimiento del orden del 4,5 por ciento y un tipo de cambio fijado en 5,10, entonces, la provincia tomó una tasa muy similar de crecimiento y tipo de cambio, y elevó en cinco puntos la inflación -llegando al 15%- para confeccionar su propio proyecto de gastos y recursos.
Además de tener que aguardar dichas variables, se registró en la provincia otro hecho político que obligó a reformular el proyecto a último momento: la sanción de la reforma tributaria. La ley, militada por el gobierno desde que comenzó su gestión, implicará recursos extras para el año próximo, pero también recursos por debajo de los que la provincia había estimado a raíz de las exenciones concedidas y de determinadas bajas en alícuotas, que el Ejecutivo no había previsto originalmente.
Por todo ello, el gobierno consideró que era pertinente contar con más tiempo para poder concluir la redacción del proyecto.
Se trata del tercer policía implicado en la causa. El acuerdo de juicio abreviado incluye una inhabilitación por seis años para ejercer cargos públicos y una multa de 2 000 000 de pesos.