Luego de las amenazas de huelga y la posterior conciliación obligatoria, las empresas petroleras y el sindicato que agrupa a los trabajadores del crudo, gas y biocombustibles firmaron un nuevo acuerdo salarial con una novedad, que sin dudas marcará tendencia para otras negociaciones salariales: la vigencia del pacto y la paz social durará 18 meses.
El Convenio Colectivo de Trabajo 643/2012 rubricado este jueves por las cámaras del sector y la federación de petroleros que conduce Alberto Roberti establece un incremento de 25% retroactivo a junio, a otorgar en tres cuotas. La primera, de 12%, corresponde a julio pasado. La segunda, de 8%, se dará con los salarios de marzo de 2013 y la última, de 5%, se pagará en septiembre del próximo año.
La novedad de extender el plazo de duración del acuerdo se justifica en la suma extraordinaria no remunerativa acordada a entregar. Serán $ 12.000 en cuatro pagos iguales de $ 3.000: noviembre de este año y mayo, julio y noviembre del que viene. Esta retribución fija por única vez compensa el la pérdida de poder adquisitivo por inflación para los 18 meses totales del acuerdo.
Según reprodujeron medios santacruceños, el artículo 2° del acta se establece que las diferencias salariales producidas por aplicación del incremento fijado de 25% con carácter retroactivo se abonarán junto con los haberes correspondientes al mes de octubre de 2012.
Asimismo, como suele ocurrir con los gremios de posturas más duras en las negociaciones y medidas, se concertó que durante la vigencia del acuerdo la Federación Argentina Sindical del Petróleo, Gas Privado y Biocombustibles "mantenga la paz social y de cumplimiento al compromiso de agotar todos los mecanismos legales y convencionales vigentes con carácter previo a la adopción de cualquier medida de acción directa".
La conformidad del trato y lo novedoso del plazo a 18 meses se expresa en la fecha de la próxima reunión: octubre de 2013.
Se trata del tercer policía implicado en la causa. El acuerdo de juicio abreviado incluye una inhabilitación por seis años para ejercer cargos públicos y una multa de 2 000 000 de pesos.