La ministra de la Industria, Débora Giorgi, acompañada por integrantes de su gabinete, fue recibida hoy por el comité ejecutivo de la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (COPAL). Durante el encuentro, se trataron temas referidos al financiamiento del sector, como también a los derechos y reintegros de exportación, y otras cuestiones vinculadas a la mejora de la producción.
“A efectos de continuar con el proceso de expansión de las actividades de la industria de alimentos y bebidas, en diversas regiones del país, creemos necesario encontrar la forma de ampliar la oferta de financiamiento para el sector, que permita asegurar el empleo de mano de obra local y profundizar la inserción internacional de la producción”, señaló Daniel Funes de Rioja, presidente de COPAL.
En especial, se planteó la importancia de generar líneas de créditos para pymes, y, particularmente, para capital de trabajo, con el fin de atender adecuadamente el mercado interno. A ese efecto, la Ministra Giorgi propuso una agenda de trabajo entre las entidades representativas del sector financiero, del Ministerio de la Industria de la Nación, el Banco Central y el sector de alimentos y bebidas representado por COPAL.
Además, hubo consenso en dar participación al sector privado en los acuerdos de complementación económica con Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela y México y se analizaron las diversas alternativas que se plantean a nivel arancelario para los bienes de capital no producidos en el Mercosur.
También se abordaron cuestiones relativas a los derechos y reintegros de exportación en función de las necesidades de competitividad que demanda la actual coyuntura internacional, así como se expresaron inquietudes referidas al tema fletes (costo de transporte interno) y la importancia de encontrar fórmulas que alivien el peso de las cargas sociales en las economías regionales, que son por esencia, actividades de mano de obra intensiva y otras referidas a la productividad y a la importación de bienes de capital.
Otra de las cuestiones que se pusieron de manifiesto durante el amplio diálogo, fueron las relativas a la superposición de potestades fiscales entre la Nación, las provincias y municipios que incrementan la carga tributaria de la industria de alimentos y bebidas y distorsionan los costos de producción.
Se trata del tercer policía implicado en la causa. El acuerdo de juicio abreviado incluye una inhabilitación por seis años para ejercer cargos públicos y una multa de 2 000 000 de pesos.