El Ministerio de Justicia de la Nación presentó una denuncia penal por amenazas contra las personas que protagonizaron un cacerolazo anoche en la vivienda del secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno.
Tras la presentación firmada por el ministro Julio Alak y el sorteo, la causa recayó en el juzgado federal a cargo de Norberto Oyarbide, quien se apartó aduciendo "violencia moral y garantía de juez imparcial", tal cual lo hizo en la denuncia contra el secretario de Comercio por amenazas que le hizo una despachante de Aduana.
Según la agencia Noticias Argentinas, la denuncia apunta tanto sobre las personas que protestaron frente a la casa de Moreno como a otras que, según el Gobierno, lo amenazaron previamente a través de las redes sociales.
Comunicado
Por su parte el Ministerio de Justicia emitió un comunicado en el que sostiene que "el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, es víctima de amenazas de muerte con tono mafioso e instigación a la violencia por parte de un grupo organizado de personas que, a través de internet, están difundiendo un afiche digital que incluye la figura de Moreno en un féretro, con una herida de bala en la frente".
"La presentación fue efectuada esta mañana por el titular de la cartera, Julio Alak, ante el Presidente de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, Martín Irurzún", aclara el parte oficial.
"El funcionario nacional precisó que los hechos denunciados configuran los delitos de amenazas, incitación a la violencia e intimidación contra un funcionario público agravada, tipificados en los artículos 149 bis, 212, 237 y 238 del Código Penal".
Moreno cuestionó con dureza los cacerolazos que manifestantes críticos del Gobierno realizaron frente a su domicilio en los últimos días y aseguró que tuvo que modificar la rutina de su familia por esas protestas. "Les digo a los que están caceroleando en mi casa que se metan la cacerola en el orto", afirmó el funcionario, sin delicadezas, durante un acto que encabezaba en la sede de la CGT del partido bonaerense de Vicente López, en paralelo a las protestas.
Se trata del tercer policía implicado en la causa. El acuerdo de juicio abreviado incluye una inhabilitación por seis años para ejercer cargos públicos y una multa de 2 000 000 de pesos.