Pese al rigor del cepo cambiario y del atractivo de las colocaciones financieras en pesos con una renta que todavía hoy supera largamente a la tasa de devaluación, en el segundo trimestre se registró la fuga de u$s501 millones en comparación con los tres meses precedentes y de u$s13.275 millones en un año (u$s290 por persona).
Los datos surgieron del informe ampliado de la Balanza de Pagos que difundió el Indec a través de la página de internet.
En su conferencia en los EEUU en la Universidad de Georgetown de Washington Cristina Kirchner destacó que "la Argentina es el segundo país con mayor cantidad de dólares por habitante, unos 1.700, según estimaciones del FMI".
De ahí surge que en efectivo el conjunto de los residentes en el país tienen unos u$s70.000 millones, equivalente a casi el total de las importaciones del PBI en un año y a la mayor parte de lo que actualmente se destina a la inversión bruta interna fija, también en doce meses.
Cálculos privados arriesgan que las tenencias efectivo se aproximan a unos u$s90.000 millones, esto es unos 2.214 por habitante.
Mucho flujo financiero
La medición del Indec indica que de los u$s195.684 millones de activos externos al 30 de junio último sólo poco más de u$s32.700 millones se encontraban aplicados a inversiones directas en actividades productivas.
Del resto se estima que u$s90.000 millones se atesoran en cajas de seguridad en bancos, en las empresas y en las propias viviendas, mientras que los u$s77.000 millones restantes se aplican en depósitos en cajas de ahorro y a plazo y en otros activos con devengamiento de rentas, como propiedades inmuebles.
Según el informe oficial al cierre de 2001, último año de la convertibilidad, los activos externos del conjunto de los residentes era equivalente a u$s2.509 por habitante, con un total de u$s93.686 millones, de los cuales en efectivo sumaban u$s31.784 millones y las inversiones directas u$s20.282 millones.
Se trata del tercer policía implicado en la causa. El acuerdo de juicio abreviado incluye una inhabilitación por seis años para ejercer cargos públicos y una multa de 2 000 000 de pesos.