Por la desaceleración económica, las restricciones a las importaciones y el cepo cambiario, en el segundo trimestre de este año, en el sector privado se perdieron 72.780 puestos de trabajo registrados o “en blanco”. Con 20.581 empleos menos, a la cabeza quedó el sector de actividades inmobiliarias, empresariales y servicios eventuales . Específicamente, las inmobiliarias pasaron de 62.396 a 61.155, con una pérdida de 1.241 puestos. Siguió Hoteles y Restaurantes.
Las Provincias más afectadas fueron Córdoba, Rio Negro y Jujuy. En la Ciudad de Buenos Aires se perdieron 13.388 empleos y en el Gran Buenos Aires hay ahora 37.327 puestos de trabajo menos. En total en la región metropolitana son unos 50.000 puestos de trabajo menos.
Esto surge de los datos declarados por las empresas ante la AFIP, difundidos ayer por el INDEC. Señala que el total de los puestos de trabajo privados declarados en todo el país suma 6.245.638.
Esta cifra es inferior tanto a lo declarado en el primer trimestre de 2012 (6.318.418 empleos) y al cuarto trimestre de 2011 (6.297.618) cuando comenzaron a regir las diversas medidas de restricción a las importaciones y a la compra de dólares .
La información señala que casi todas las actividades tuvieron alguna caída en el empleo, con excepción de la enseñanza privada y en menor medida del sector financiero.
En tanto, en el sector público hubo 7.084 empleos nuevos , en especial en las empresas públicas, sumando 1.501.937 empleos.
Esta cifra no incluye los datos de las provincias que no transfirieron sus Cajas jubilatorias al orden nacional (como Buenos Aires, Córdoba o Santa Fe) y que tienen alrededor de otro 1,5 millón de empleos públicos.
De aquí se desprende que todo el sector publico nacional, provincial y municipal emplea a 3 millones de personas , casi la mitad de los puestos de trabajo privados. Esos 3 millones no incluyen a los que están en los diversos planes de empleo como “monotributistas sociales” u otras formas de empleo.
De la información oficial se destaca el fuerte descenso del empleo en el sector de actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler que se atribuye al cepo cambiario y otras restricciones. De 812.707 puestos declarados en el primer trimestre todo este rubro se redujo a 792.126.
En la industria, con 14.072 empleos menos, las mayores caídas se dieron en el sector del calzado y cervecero . Los demás sectores se mantuvieron estables, con leves cambios en más o en menos.
También de la mano del cepo cambiario, la construcción contrajo 5.316 puestos de trabajo, retrocediendo por debajo del nivel del segundo trimestre de 2011.
También el comercio sintió los efectos del menor consumo . Y en mayor medida el comercio minorista con unos 9.000 ocupados menos que el comercio mayorista que redujo sus dotaciones de personal en 6.000 personas.
En proporción, más significativa fue la caída laboral en Hoteles y Restaurantes, con 15.606 ocupados menos, en parte por razones estacionales.
El sector agrícola y ganadero declaró 6.621 empleos menos, anulando incluso todo el crecimiento laboral que hubo durante 2011.
En promedio, el sueldo bruto declarado (antes de los descuentos de jubilación y salud) fue de $ 7.229, un 30,2% superior a los $ 5.554 informados un año antes, muy superior incluso a la inflación de las provincias.
Sin embargo, de los sueldos altos, una parte del aumento fue a manos de la AFIP por el mayor peso del impuesto a las Ganancias por la no actualización del mínimo no imponible y demás deducciones. Y entre los sueldos medios, una parte perdió de cobrar las asignaciones familiares por superar el tope de $ 5.200 de sueldo bruto o pasó a cobrar menos por los beneficios descendentes según las esclafas salariales.
Con los menores sueldos figuran la enseñanza privada ($ 4.224) y hoteles y restaurantes ($ 4.450). Y con las mayores remuneraciones, el sector petrolero y minero con $ 22.071, por el mayor peso del personal jerárquico y de ingeniería y con buena parte en la Patagonia, que tiene precios muy superiores al promedio general.
Se trata del tercer policía implicado en la causa. El acuerdo de juicio abreviado incluye una inhabilitación por seis años para ejercer cargos públicos y una multa de 2 000 000 de pesos.