El desfinanciamiento general de los productores agrícolas argentinos tras una muy pobre cosecha en 2012 logró que pudieran negociar alquileres hasta 20% más baratos para comenzar a sembrar la soja nueva en menos de un mes.
Salvo en los mejores campos del país, como en las localidades bonaerenses de Salto, Rojas, Pergamino, Arrecifes, y algunas zonas del sur de Santa Fe, donde las bajas rondan el 5%, en el resto de los campos sojeros los recortes de los valores –que se negocian en quintales de soja o aún en dólares– superan el 10% respecto del precio del arrendamiento del año pasado, con techos del 20, según explica Guillermo Villagra, de la consultora Open Agro.
En paralelo, casi todos los arrendamientos se negocian en cómodas cuotas “como no se veía desde 2008/09”, explica Villagra, cuando se dio la última gran sequía en el país antes de la que afectó a la campaña que cerró a mediados de este año.
Según Villagra, mientras generalmente los alquileres se pagan en una proporción del 80% al momento de la firma de contrato y el 20% restante a cosecha, este año los compromisos pueden abonarse en hasta cuatro cuotas “quedando la última en hasta el 50% del monto total”.
César Gagliardo, de Artegran, agregó que este año, además, “los productores piden a los dueños de los campos que se suban al riesgo”. Esta modalidad tiene varias formas: desde cubrir los costos y después dividir la renta en partes iguales, hasta pagar una parte en “quintales fijos”, independientemente del rendimiento final, y atar el resto del pago al éxito de la cosecha. El escenario, si bien recuerda al inicio de la campaña 2009/10, cuando los productores debían remontar la falta de liquidez, es atípico porque a los daños pasados hay que sumar las inundaciones que, según relevamientos privados aún dejan improductivas entre 6 y 7 millones de hectáreas. Por el actual desfinanciamiento del productor, hoy pesa más el pasado que el futuro de la cosecha que se perfila como un récord de producción con buenos precios. Rondando los u$s 600 por tonelada, la soja vale 30% más en Chicago que hace un año.
Se trata del tercer policía implicado en la causa. El acuerdo de juicio abreviado incluye una inhabilitación por seis años para ejercer cargos públicos y una multa de 2 000 000 de pesos.