El presidente y CEO de YPF, Miguel Galuccio, mantuvo una reunión con la embajadora en el Reino Unido, Alicia Castro, en el marco de una gira internacional que realiza por Estados Unidos y Europa, a la búsqueda de inversores para la petrolera argentina.
Durante el encuentro, Galuccio dijo que "Londres es un lugar clave para buscar inversores, es un ´hub´ financiero en el mundo, donde se conectan los negocios de Medio Oriente y Asia".
Castro, por su parte, destacó la importancia de la próxima visita a la Argentina que realizará David Wootton, el Lord Mayor de la City de Londres, quien preside la corporación integrada por las cámaras de los sectores financieros y bancarios.
"El objetivo de su próximo viaje a Argentina es identificar oportunidades de negocios productivos e inversiones en nuestro país, y ha manifestado su particular interés en los sectores de gas y petróleo", señaló la diplomática.
Gallucio está realizando una gira de negocios con el objetivo de atraer inversores que participen en el desarrollo de yacimientos de crudo y gas no convencional.
En las últimas semanas cerró una serie de convenios con empresas internacionales para el desarrollo de estudios de factibilidad y para la producción de gas y petróleo no convencional en la cuenca neuquina.
Además, hace dos semanas YPF concluyó con éxito la primera subasta de Obligaciones Negociables (ON), en la que obtuvo $1.500 millones, por encima de la previsión inicial de 1.350 millones de pesos.
La operación, calificada por la petrolera como "la emisión de ON más importante de la historia" corporativa de Argentina, forma parte del plan de inversiones a cinco años que comprenden un monto total de 37.200 millones de dólares.
La iniciativa busca aumentar la producción de hidrocarburos convencionales y desarrollar reservorios de shale gas y shale oil ya detectados en Neuquén (Vaca Muerta) y en Santa Cruz, a los que podrían agregarse potenciales hallazgos en el norte del país.
Se trata del tercer policía implicado en la causa. El acuerdo de juicio abreviado incluye una inhabilitación por seis años para ejercer cargos públicos y una multa de 2 000 000 de pesos.