Lt 10

El ministro de Economía, Hernán Lorenzino, presentó ayer el proyecto de Presupuesto 2013 en el Congreso. La norma hace hincapié en el abastecimiento energético: destina recursos y beneficios impositivos a la importación de combustible, faculta al Ejecutivo a crear cargos específicos en impuestos para financiar esas compras y permite destinar parte de las reservas de libres disponibilidad del Fondo de Desendeudamiento para pagar vencimientos de deuda a la inversión en bienes de capital de empresas eléctricas y de la petrolera YPF.

El Gobierno envió un proyecto de Presupuesto 2013 que tiene en la estimación de crecimiento para 2012 uno de sus datos más importantes.

El Ejecutivo fijó una expansión del PBI del 3,4% para 2012. Eso le permitió contemplar el pago del Cupón PBI el año entrante. El bono se paga en diciembre del año siguiente siembre que la economía crezca más de 3,26%. Se trata de una erogación de u$s 3.500 millones que engrosó la constitución del Fondo de Desendeudamiento, constituido con reservas de libre disponibilidad del Banco Central, hasta los u$s 7.967 millones.

Pero el artículo agrega un párrafo que los recursos del Fondo se destinarán (...) en caso de resultar un excedente y siempre que tengan efecto monetario neutro, a financiar gasto de capital”.

Una fuente oficial explicó que un gasto de capital tiene efecto monetario neutro cuando no requiere una importación, porque se realiza en dólares y no en pesos –y, por lo tanto, no se emiten billetes–. La inversión en bienes de capital será en un “sentido amplio”, indicó otro informante del Gobierno. Otro ejemplificó con obras de energía eléctrica y dos legisladores –uno del oficialismo y otro de la oposición– contemplaron la posibilidad de que sea YPF el beneficiario de esas inversiones en infraestructura.

La prioridad energética del presupuesto quedó clara en varios pasajes del articulado. El Tesoro puede emitir letras por hasta $ 12.000 millones “como garantía de las adquisiciones de combustibles líquidos y gaseosos, la importación de energía eléctrica, la adquisición de aeronaves, como así también de componentes extranjeros y bienes de capital de proyectos y obras públicas nacionales”, indica el artículo 35.

Además, el artículo 52 faculta al Poder Ejecutivo a “asumir anualmente deudas por hasta u$s 2.000 millones con origen en la provisión de combustibles líquidos que se reconocieran y consolidaran en el marco del Convenio Integral de cooperación entre la República Argentina y la República Bolivariana de Venezuela, de fecha 6 de abril de 2004”. Ese acuerdo significó el intercambio de alimentos por combustible y originó la compra de fuel oil al país que preside Hugo Chávez.

Por otro lado, los artículos 55 y 56 eximen del impuesto a los combustibles a las importaciones de gasoil y de naftas. Y los artículos 58 y 59 condonan impuestos a empresas de energía, como la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa) –que no pagará IVA cuando importe combustible para la generación de energía– y a Enarsa.

El artículo 53 modifica el artículo 1 de la ley 26.095, que permite crear cargos específicos para desarrollar obras de infraestructura energética. A esas obras, agrega la facultad de crear cargos en impuestos para “las importaciones de gas natural y de todo otro insumo necesario que sea requerido para satisfacer las necesidades nacionales de dicho hidrocarburo, con el fin de garantizar el abastecimiento interno y la continuidad del crecimiento del país y sus industrias”.

Lorenzino presentó el presupuesto flaqueado por los secretarios de Finanzas, Adrián Cosentino, Hacienda, Juan Carlos Pezoa y Política Económica, Axel Kicillof, que fue uno de los estrategas del articulado y centralizó bajo su ala el control del sector hidrocarburífero. La Argentina debió importar combustibles por casi u$s 10.000 millones en 2011 y comprará otros u$s 12.000 millones este año, según estimaciones privadas.