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El Colegio de Abogados de Santa Fe desde hace tiempo insiste en la necesidad de aunar esfuerzos para mejorar el servicio de justicia. Concretamente viene sosteniendo que el “afianzamiento de la justicia” exigido por Nuestra Constitución será posible si los Poderes del Estado, particularmente el Ejecutivo y el Judicial, coordinan esfuerzos en pos de ese objetivo.

Las confrontaciones y ataques mediáticos de las últimas semanas nos alejan de la finalidad perseguida, por lo que, consciente o inconscientemente, por ese camino sus autores agravan la delicada situación de la Justicia.

Nuestra institución valora que el Poder Ejecutivo Provincial autolimite sus facultades constitucionales para la designación de los jueces; pero esa autolimitación, para ser verdadera, además de brindar participación a los sectores directamente comprometidos con la actividad, debe mostrar un funcionamiento correcto y eficiente, acorde con la importancia y significación institucional que tiene el Poder Judicial.

Ante las demoras evidenciadas en dar cobertura a las vacantes de la Justicia, en reiteradas oportunidades planteamos con los demás Colegios de la Provincia –hasta ahora infructuosamente- la necesidad de cambiar el funcionamiento del denominado Consejo de la Magistratura. El tiempo ha sido inexorable y al cabo de cinco años los resultados siguen siendo magros, desvirtuándose así la naturaleza propia del sistema. Un servicio de justicia cuyo funcionamiento no sea el óptimo afecta la convivencia social, porque la justicia es el último y más preciado bastión del ciudadano para protegerse de las ilicitudes y de los desbordes del poder.

Miramos hacia el futuro, no añoramos otras metodologías para nombrar jueces, pero es innegable que hay una cantidad considerable de Juzgados vacantes. Si bien en algunos casos nos hallamos con coberturas transitorias, las subrogancias tienen visos de precariedad, pues generan una situación de incertidumbre que no es la deseable para cumplir libremente tan trascendental función. La gravedad de la perdurabilidad de las vacantes es indiscutible, ocasionando problemas al Juzgado sin titular y a otros jueces que deben dedicar parte de su tiempo para tomar a su cargo algunas de las labores del Juzgado en crisis, tiempo que, obviamente, le quitan a sus propios Juzgados, alimentando así el flagelo de la mora judicial, que opera en directo perjuicio de la comunidad.

Bregamos por el perfeccionamiento del sistema, por su corrección, pues no nos conformamos con su deficiente funcionamiento actual.

Este Colegio entiende que el Consejo de la Magistratura debe institucionalizarse e imprescindiblemente los abogados deben tener su espacio de opinión y decisión dentro del mismo. En tanto se creen los mecanismos participativos deseables, resulta indispensable que se conforme una Mesa de Diálogo, en la que los Colegios de Abogados, Magistrados y Legisladores, podamos diseñar con el Poder Ejecutivo el mecanismo más idóneo, eficiente y transparente para designar con celeridad y responsabilidad a los jueces de la Provincia.