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El Movimiento Evita de la Provincia de Santa Fe expresa su rechazo a la decisión de la Corte Suprema provincial de requerir a la Legislatura una evaluación del desempeño como funcionario del Defensor General Gabriel Ganón, por considerar que ese pedido conlleva un sesgo claramente intimidatorio y en la práctica constituye un intento de limitar la tarea institucional del Defensor.

A nuestro criterio, Ganón está en la mira del Poder Judicial por haber asumido la defensa de un menor, para lo cual la Corte dice que no tendría facultades. En ese sentido, el funcionario subrayó que su defendido fue víctima de un caso de torturas y sugirió que fueron precisamente esas denuncias de apremios ilegales las que actuaron como el disparador del pedido a la Legislatura.

La presentación efectuada por el Defensor General ante la Corte, que generó la cuestionada decisión de la misma, tiene que ver con una situación de extrema gravedad institucional en torno a una causa armada con menores torturados, en la que además la propia policía le secuestra un ciclomotor a uno de ellos y tres días después dicen que se lo habían robado del interior de la propia seccional. Al defenderse, el funcionario deslizó que "quizás estén molestos por otra presentación que efectué por un violento hecho de torturas en Florencia", refiriéndose a otro caso de torturas y apremios ilegales en una comisaría, que fuera oportunamente denunciado por el diputado provincial del Movimiento Evita Eduardo Toniolli con el patrocinio del propio Ganón.

En aquella ocasión, tres jóvenes de esa localidad del norte santafesino fueron detenidos por la policía, sometidos a brutales torturas durante una semana, como picana y submarino seco, además de haber sido filmados humillados y denigrados en poses sexuales por los mismos policías, y luego procesados en base a esos mismos testimonios, cuando aún tenían las marcas de la tortura en sus cuerpos. El hecho "de extrema gravedad institucional" se concretó frente a las narices del juez Virgilio Palud, que además no le dio intervención a la defensora oficial.

Ante semejante panorama, la actuación de Ganón no merece evaluación alguna, según entendemos desde la Mesa Ejecutiva Provincial del Movimiento Evita, por lo que consideramos que con esta resolución, lo que se pretende es limitar el accionar del defensor y oponerse a cambios que se vienen gestando en torno a la reforma judicial en curso.

Repudiamos enérgicamente la postura de la Corte, nos solidarizamos con el Defensor General y pedimos que, en lugar de desviar la atención, se evalúe la situación de menores de edad que se encuentran privados de su libertad en sitios como el Irar, donde se registran gravísimos casos de violencia institucional que deberían ser investigados por la Justicia y atendidos por quienes tienen la responsabilidad de llevar adelante las políticas de Estado en la Provincia, y que con la misma premura y energía con que se analizó la supuesta falta del funcionario se investigue a fondo el caso de los menores a fondo y se haga Justicia