Lt 10

En diálogo con LT10, Gerardo Milman, diputado nacional del Frente Amplio Progresista, expresó que “la ley de seguridad bancaria que aprobamos en el Congreso abarcaba diversos delitos vinculados a los bancos, entre los que se encontraba el delito de los boqueteros. Nosotros establecimos cuando sancionamos la ley era que las paredes de las bóvedas de las Cajas de Seguridad tenían que tener las mismas condiciones de seguridad que los tesoros de los bancos. Tienen que tener un blindaje de aleación de metales. Obviamente, el banco Macro de santa Fe no cumple con la ley”.

Además, Gerardo Milman agregó que “la primera resolución del Banco central les puso un plazo de ejecución de la obra civil a los bancos. Pero las entidades fueron presentando distintas notas para excusarse de llevar adelante esta inversión que permitía darle la misma seguridad a las cajas de seguridad que el tesoro. Esta situación quedó muy clara en el robo del Banco Macro de Santa Fe. Los ladrones robaron 77 cajas de seguridad y no pudieron violar el tesoro”.

“Una de las asociaciones de bancos (la de bancos privados argentinos) que se opone a cumplir con la ley la preside Jorge Britos (el titular de banco Macro). Se calcula que en la argentina hay 700 mil cajas de seguridad. El valor promedio de alquiler varía entre 2500 pesos anuales y 4000 pesos anuales (según las dimensiones). Por lo tanto, si tomamos 300 pesos por caja, estamos hablando de un negocio de más de 2100 millones de pesos al año. A pesar de ser un ingreso importantísimo que significa el alquiler de las cajas de seguridad, las entidades financieras se niegan a concretar las modificaciones edilicias para brindar seguridad”, subrayó el diputado nacional del Frente Amplio Progresista.

Finalmente, Gerardo Milman remarcó que “el seguro que paga el banco por el robo de las cajas de seguridad es de 50 mil dólares. Ahora, en la situación de cepo bancario veremos cómo hace el banco para hacer frente al mismo. En esas cajas, seguramente había dólares físicos y joyas y relojes que suelen estar valuados en dólares. Los damnificados podrán accionar contra las autoridades del banco Macro y del Banco Central Argentino por no haber acatado la ley de seguridad bancaria”.