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La ministra de Seguridad, Nilda Garré, denunció este jueves penalmente a jefes y efectivos de la Policía Federal que se desempeñaron en las comisarías 7ª, 28ª y 44ª por haber encontrado evidencias de complicidad en la comisión de diversos delitos.

Las tres presentaciones judiciales contra 20 uniformados fueron elevadas a la Justicia por orden de la propia Garré y las denuncias están fundadas en investigaciones desarrolladas por las áreas de la cartera que encabeza, se informó este jueves.

Si bien los denunciados no se desempeñan más en esas seccionales, aún siguen dentro de la Federal, pero en los próximos días serán desplazados de la fuerza ante esos ilícitos denunciados por el Ministerio de Seguridad.

La cartera que encabeza Garré recopiló evidencias que comprometen a cuatro comisarios, un comisario inspector, cinco subcomisarios, dos subinspectores, un sargento, cinco cabos primeros, un cabo y un agente, en irregularidades y delitos diversos.

Los delitos que se les imputan son, entre otros, "cohecho y enriquecimiento ilícito" (aumentos patrimoniales injustificados, adquisiciones de inmuebles, vehículos, yates y otros bienes suntuosos que no se corresponden con sus ingresos y cuentas bancarias con movimientos irregulares).

El origen de las investigaciones corresponde a testimonios de integrantes de la propia fuerza de seguridad y a comerciantes a los que se habría extorsionado para el cobro de dinero por "protección policial".

Existieron, en este sentido, cobros de "coimas" para permitir el funcionamiento de prostíbulos, puntos de venta de drogas, venta callejera en estaciones de trenes y servicios de transporte ilegales ("combis truchas"). También se acusa a los policías de incumplir deliberadamente los procedimientos de prevención del delito dispuestos por el Ministerio de Seguridad (paradas policiales y controles vehiculares previstos en el "Plan de Seguridad Urbana"), entre otras faltas.