Luego del anuncio del Gobierno Nacional de dejar sin efecto la licitación de una parte del espectro radioeléctrico reservada para la telefonía celular, que será ahora administrada por la empresa estatal ARSAT, el diputado nacional Juan Carlos Zabalza recordó que “la concentración del mercado de telefonía fija y celular fue aprobada por el Gobierno cuando autorizó la fusión entre MoviStar y Unifón en 2004 y la compra de Telecom por parte de Telefónica en 2010”.
Al respecto, el presidente del bloque socialista en el FAP, consideró que “es necesaria la participación activa del Estado en la regulación y control del mercado, así como también en la prestación de servicios esenciales, pero ello sin descuidar sus principales funciones: educación, justicia, vivienda, seguridad social y seguridad”.
“De conformarse una nueva compañía de telefonía celular para competir con las actuales, - prosiguió el diputado por Santa Fe – deberán invertirse más de 12.500 millones de pesos”. Zabalza recordó que ARSAT a su vez “está llevando adelante el programa Argentina Conectada, en el cual ya se invirtieron 800 de los 7.600 millones de pesos comprometidos”.
Por lo antedicho, el diputado afirmó que “deberíamos analizar con mayor responsabilidad la necesidad de estas inversiones”.
"Para que el Estado no deje solo al mercado en la marcha de la economía, lo necesitamos democrático, participativo y transparente", aseguró Zabalza.
“Como sostenía Alfredo Palacios, queremos una economía social, en donde seamos los argentinos quienes tomemos las decisiones receptando y respetando nuestras necesidades”, puntualizó.
El legislador del FAP destacó que el Estado tiene otras herramientas para regular el mercado y facilitar la participación de las cooperativas y PYMES en la prestación de estos servicios.
“En primer lugar debería declararse a la telefonía celular como servicio público, de manera de permitirle al Estado el control y la regulación de las tarifas. En segundo lugar debería sancionarse el marco regulatorio para la telefonía celular, cuya prestación, modalidades, tarifas e inversiones son actualmente decididas por las compañías prestatarias; y en tercer lugar debería designarse a los miembros del Tribunal de Defensa de la Competencia, cuya ley de creación incumple este Gobierno desde hace casi una década”, concluyó Zabalza.
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