La delegación uruguaya ante la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) reiteró su reclamo a Argentina para la publicación "completa e inmediata" de los resultados del monitoreo ambiental conjunto a una planta de celulosa en la vera uruguaya de un río compartido.
En un comunicado difundido la noche del martes por la cancillería, la delegación sostiene que Uruguay "brinda su pleno consentimiento para la publicación completa e inmediata de los resultados de todos los análisis llevados a cabo por los laboratorios internacionales contratados para el monitoreo conjunto de la planta Orion de la empresa (de pulpa de celulosa) UPM y de la desembocadura del Río Gualeguaychú en el Río Uruguay".
Añade que "la publicación de los resultados constituye un paso ineludible para la adecuada instrumentación del monitoreo conjunto acordado por los gobiernos de Argentina y Uruguay el 14 de noviembre de 2010, en cumplimiento de la Sentencia de la Corte Internacional de Justicia" de La Haya. La nota recuerda que según los acuerdos entre los dos gobiernos "estos resultados deben ser públicos" pero para su difusión "debe contarse también con el acuerdo de la delegación argentina".
La delegación uruguaya sostiene que seguirá monitoreando el funcionamiento de la planta "en forma regular, seria y rigurosa" a través de la Dirección Nacional de Medioambiente (Dinama) y recuerda que hasta el momento sus informes "han concluido en que el comportamiento medioambiental de la planta se ajusta a los parámetros previstos para su funcionamiento". El control de la planta de UPM se enmarca en un documento firmado el 30 de agosto de 2010 por ambos países que implicó la creación de un Comité Científico, dependiente de la CARU e integrado por representantes de los dos países.
Con la firma del acuerdo las naciones vecinas dieron por zanjado el prolongado conflicto bilateral por la planta de celulosa -el mayor en las últimas décadas- generado por protestas de ciudadanos argentinos que acusan a la empresa de contaminar el río. La disputa comenzó a solucionarse cuando en 201O la Corte Internacional de Justicia de La Haya apoyó la postura uruguaya de que la fábrica no contamina, aunque dispuso instrumentar supervisiones periódicas. El vicecanciller uruguayo Roberto Conde dijo esta semana que la demora en la publicación se debe a que el comité científico no se pone de acuerdo sobre la temperatura a la que pueden vertirse los efluentes de UPM en el río.
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