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Por más que se lo propuso, la CTA oficialista no logró vulnerar las trincheras defensivas que tendió el gobierno nacional para proteger de embates externos al INDEC, el cuestionado instituto de estadísticas.

Entre los reclamos que llevó consigo la entidad que preside Hugo Yasky a la reunión del Consejo del Salario, la necesidad de sincerar los indicadores sociales del INDEC, en especial la canasta básica familiar, se ubicó al tope de la nómina, junto con la importancia de combatir con más ahínco el trabajo no registrado en el país.

Sin embargo, su planteo con respecto al Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) apenas si figuró en el acta que se redactó al término de las discusiones en comisión, este martes en el Ministerio de Trabajo. En ese contexto, tanto Yasky como sus colaboradores, Pedro Wasiejko (sindicato del neumático) y Stella Maldonado (CTERA), se toparon una vez más con una muralla infranqueable levantada por el Gobierno en torno del INDEC.

La CTA, de todos modos, dejó en claro que "resulta inadmisible la continuidad de la situación de incumplimiento legal en que se encuentra" el Consejo del Salario, desde el mismo momento de su reactivación, en 2004. La central obrera remarcó que ese organismo tripartito, que sesionó este martes por noveno año consecutivo, "continúa sin cumplir su función primordial, esto es, la aprobación de la metodología, las pautas y normas de una canasta básica para la determinación del Salario Mínimo, Vital y Móvil".

Para el INDEC una familia tipo -con dos integrantes mayores y dos nenes- puede alimentarse, vestirse, pagar los gastos de su vivienda, de educación, de transporte y de salud con 1.528 pesos por mes en la Argentina. El Consejo, por su parte, aprobó este martes un aumento del 25 por ciento del haber mínimo, aunque en forma escalonada, para llegar a los $ 2.875 a partir del 1° de febrero.

La decisión fue duramente criticada por sectores de la oposición: "Estamos frente al salario mínimo que los grandes empresarios decidieron pagar, que el Gobierno decidió avalar y que los dirigentes gremiales que representan al Gobierno frente a los trabajadores decidieron aceptar", sostuvo el diputado nacional Claudio Lozano. "Éste es el salario mínimo patronal-gubernamental y no el que necesitan los trabajadores de una Argentina donde la canasta familiar no baja de los 7.000 pesos", agregó el legislador del Frente Amplio Progresista (FAP).

Consultado por Noticias Argentinas, Wasiejko garantizó que la Central de Trabajadores de Argentina (CTA), sector oficialista, seguirá bregando para lograr que el INDEC revea su metodología y sincere las estadísticas sociales que divulga. También aplaudió la convocatoria a la Comisión de Empleo para discutir políticas tendientes a combatir el trabajo irregular, como reclamaba la CTA: "Es un avance significativo, es un gran logro, nos alegra y lo celebramos", expresó.

"Aprovechando ahora que el Consejo del Salario va a continuar funcionando a través de esta comisión, vamos a insistir para que se convoque también a las otras comisiones, en especial a la del Salario Mínimo", dijo Wasiejko. "Porque queremos que se trate la fijación de pautas y la metodología que utiliza el INDEC para la designación del valor de la canasta básica", remarcó el líder del sindicato del neumático y secretario general de la Federación de Trabajadores de la Industria y Afines (FeTIA).