Lo que saben hasta ahora las organizaciones de derechos humanos que denunciaron esta semana la matanza de decenas de indígenas en el Amazonas venezolano es lo que sigue. Tres testigos han relatado que el 5 de julio pasado, a las 4:00 de la tarde, un helicóptero disparó e hizo explotar la choza circular –el shabono-- donde vivían alrededor de 80 indígenas yanomami de la comunidad Irotatheri. El ataque habría sido perpetrado por mineros ilegales brasileños -garimpeiros- que desde hace al menos tres años explotan dos minas de oro en la zona. El lugar de la tragedia se encuentra en un extremo apartado del sureste del Estado Amazonas de Venezuela, fronterizo con Brasil, a seis semanas de camino a pie de Parima, el centro poblado más cercano; ni las autoridades venezolanas ni las organizaciones indígenas han logrado aún llegar hasta allí para verificar lo ocurrido.
“El mismo día (de la masacre) tres visitantes encontraron en la comunidad los cuerpos quemados de niños, mujeres, hombres”, relata por teléfono Luis Shatiwë, representante de la organización indígena Horonami. Estas personas, a su vez, dicen haber encontrado en la selva a tres sobrevivientes de la comunidad Irotatheri, que habían salido de cacería y que al regresar escucharon el vuelo de los helicópteros, las explosiones y los disparos, y huyeron del lugar.
La información de lo ocurrido se conoció en Puerto Ayacucho, la capital del Estado Amazonas, el 24 de julio pasado y la masacre fue denunciada formalmente el día 26, en el comando local de la Fuerza Armada. “Ahora no me creen. Pero Dios me ayudará a conseguir a los testigos”, confía Shatiwë, que en los próximos días intentará llegar a Irotatheri.
Esta sería la matanza más cruenta de la que haya sido víctima la etnia Yanomami del Amazonas, pero no la primera. En 1993, 16 indígenas fueron asesinados por mineros ilegales de Brasil en la población de Haximú. En 2008 también murieron cinco indígenas en la comunidad de Momoi, intoxicados por el mercurio que se utilizan los garimpeiros para la explotación del oro y que ha contaminado extensas los suelos y los ríos de la zona.
Por episodios como estos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha suscrito un acuerdo con el Estado venezolano en el que éste se compromete a garantizar la integridad del pueblo Yanomami. El documento fue firmado el 20 de marzo de 2012 y obliga a Venezuela a que se haga justicia en el caso de la masacre de Haximú y que se tomen medidas de protección y atención a favor de las comunidades indígenas
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