“No me dejo manejar por presiones”, dijo a principios de mes Jorge Di Lello respecto al avance de la causa judicial que investiga la ex Ciccone. Y después de un largo período sin novedades trascendentes, el fiscal federal se despachó con decisiones contrarias a los intereses del vicepresidente Amado Boudou. El miércoles le pidió al juez Ariel Lijo que ordene el bloqueo los pagos a los acreedores de la expropiada imprenta hasta que no se identifique quiénes son los dueños, y ayer se pronunció a favor del sobreseimiento de los abogados del estudio del ex procurador general Esteban Righi, acusados por el vicepresidente por tráfico de influencias. También desestimó la denuncia de Boudou contra el presidente de la Bolsa Adelmo Gabbi.
El sobreseimiento de los abogados del estudio Righi y también el de Gabbi era previsible debido a la fragilidad de los testimonios que habían brindado los testigos presentados por Boudou. Ni el abogado del Vice, Eduardo Durañona, ni su secretario privado Héctor Romano, ni los empleados de ANSeS y el Ministerio de Economía lograron convencer con sus declaraciones a Di Lello, que dictaminó que “ninguna conducta delictiva es posible arrogar a los nombrados”. Los pedidos de sobreseimiento en el caso Righi involucran a los abogados de su estudio, Fabián Musso, Ana María García (esposa de Righi) y María José Labat, cónyuge del ministro de Justicia y Seguridad porteño Guillermo Montenegro. A ellos había denunciado Boudou en abril, por ofrecerle “asesoramiento” con sus múltiples causas judiciales.
“Luego de producida toda la prueba posible, ninguno de los que fueran llamados a declarar, pudo dar cuenta de manera exacta e inequívoca, acerca de cuáles fueron los motivos de las reuniones mantenidas entre Boudou y los letrados”, sostuvo el fiscal, que también sobreseyó a Antonio Tabanelli, ex presidente de Boldt, la empresa competidora de la ex Ciccone Calcográfica, e involucrado en la denuncia hecha por Boudou contra Gabbi por presunto pedido de coimas.
La acusación de Boudou derivó en la renuncia de Esteban Righi a la Procuración General de la Nación, después de ocho años en el cargo, en el posterior y fallido intento de Daniel Reposo de llegar a ese puesto y en la reciente designación de Alejandra Gils Carbó.
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