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El gobernador Antonio Bonfatti envió en el transcurso del mes de agosto 23 pliegos de fiscales y defensores titulares a la Legislatura, además del pliego correspondiente a un juez de Vera, conforme a lo que se había acordado con los legisladores: remisión quincenal y en tandas de las listas de candidatos que ya ganaron un concurso de antecedentes y oposición para integrar las nuevas instituciones de la justicia penal.

En julio pasado, en oportunidad de que el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan Lewis, se reuniera con integrantes de la Comisión de Acuerdos, se consensuó que los envíos serían progresivos, a fin de que los diputados y senadores contaran con margen para examinar y entrevistar a los postulantes.


El 10 de agosto se produjo el primer envío por parte del gobernador, que involucró a nueve fiscales titulares de la zona norte de la provincia y un juez de Vera. El segundo envío se realizó el 24 de agosto y contempló a 14 defensores penales titulares de distintos puntos de la provincia.

“De esta manera, cumplimos con los compromisos asumidos, siempre de cara a una pronta y definitiva implementación de la reforma procesal penal, en la que esperamos también evidencien su compromiso el resto de los actores sociales y políticos que participan de esta histórica transformación”, expresó Lewis.


En ese sentido, el ministro recordó que –también de acuerdo a lo conversado en el Senado en la reunión del mes de julio– se conformó una comisión técnica para estudiar los procedimientos de selección de funcionarios del Poder Judicial, aunque dicho espacio de análisis y debate aún no se ha puesto en marcha por no haberse recibido respuesta por parte de la Legislatura en cuanto a su integración.

Cuatro meses atrás, luego de que la Asamblea Legislativa rechazara pliegos sin que se conocieran los fundamentos de esa decisión, Lewis afirmó que el gobierno provincial no discutiría los nombres de los candidatos, que ya han ganado un concurso, aunque sí estaba dispuesto a revisar los procedimientos de selección.


En esa línea, el ministro envió a la Comisión de Acuerdos la normativa correspondiente a los concursos de jueces de primera y segunda instancia, fiscales y defensores, y fiscales y defensores regionales, así como algunos funcionarios de las nuevas instituciones cuyos cargos fueron creados en el marco de la reforma procesal penal (léase auditor del Ministerio Público de la Acusación, por ejemplo).

“No tuvimos una contestación formal y sólo una diputada nos entregó observaciones por escrito, aunque no se plantearon alternativas al respecto. El mes pasado se decidió formar una comisión técnica, un espacio concreto de discusión interpoderes, para empezar a abordar estas cuestiones”, recordó Lewis, quien el 21 de agosto le envió una nota al presidente de la Comisión de Acuerdos, el senador Ricardo Kaufmann, para indicar quiénes serían los representantes de dicha comisión por el Poder Ejecutivo y poniendo a disposición las instalaciones del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos para el desarrollo de las reuniones.

“Quedamos a la espera de la designación de los representantes de la Comisión de Acuerdos, para luego comenzar a fijar las posibles fechas de reunión”, cerró el ministro.

La implementación del nuevo sistema de justicia penal es progresiva y se encuentra en su etapa final. Implicó, entre otras muchas innovaciones, la creación desde cero de dos nuevas instituciones: el Ministerio Público de la Acusación y el Servicio Público de la Defensa Penal, cuya conformación es la que está completándose. Los procesos de concurso fueron llevados a cabo por jurados integrados por miembros del Ministerio Público de la Acusación, el Servicio Público de Defensa Penal, los Colegios de Abogados y docentes universitarios, quienes elevaron los resultados al Poder Ejecutivo.