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El diputado nacional del FAP, Antonio Riestra, se refirió al proceso de reforma del Código Civil y Comercial que comenzó a discutirse en el Congreso de la Nación. El legislador santafesino señaló que el oficialismo estableció poco tiempo para el debate y alertó sobre posibles pérdidas de derechos para trabajadores estatales y pueblos originarios.



El Congreso de la Nación se prepara para discutir públicamente el proyecto de Unificación y Reforma de los Códigos Civil y Comercial. Para ello se conformó una comisión bicameral de 30 miembros, integrada por 15 diputados y 15 senadores, según la proporción de las representaciones políticas en cada una de ellas. Este cuerpo tiene un plazo de 90 días para analizar el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo y producir el dictamen que se tratará en las cámaras legislativas nacionales.



"Es nuestro deber, escuchar y atender las diversas opiniones. La Constitución le reconoce al Poder Ejecutivo la atribución de presentar proyectos en el Congreso Nacional para someterlos a la discusión parlamentaria. Pero lo que no podemos hacer los legisladores es rehuir al debate democrático propio y esencia del poder legislativo", señaló Riestra.



Para el diputado del Frente Amplio Progresista (FAP), es necesario dar "un debate muy amplio, porque para la vida cotidiana y las relaciones sociales y económicas, el Código Civil termina siendo más importante que la Constitución".



"El proyecto de código que envía el Ejecutivo mantiene la visión individualista y liberal del código de Vélez Sarsfield. La reforma propuesta, si bien adecua o modifica algunos institutos como la adopción o el divorcio, mantiene intacta esa mirada y esa impronta del siglo XIX", agregó Riestra.



Es importante destacar que los avances más importantes en derecho se dieron en el campo social y colectivo. "A los derechos individuales se le fueron sumando, los derechos de segunda y tercera generación de cuya existencia este proyecto no parece enterarse", sostuvo el diputado del FAP.



"El nuevo código también podría acompañar a la sociedad en su preocupación por la regulación sobre los bienes comunes (naturales), pero no lo hace. De hecho, el Poder Ejecutivo eliminó un artículo propuesto por la comisión redactora en el que se reconocía el derecho humano al agua potable".


Pero lo más grave, es que el proyecto del ejecutivo, introduce los instrumentos más emblemáticos y eficaces del neoliberalismo, reduciendo claramente la actuación del Estado en las relaciones jurídicas, incluso cuando el propio Estado es parte, habilitando la posibilidad de elegir que ley aplicar, incluso si esa norma pertenece a otro Estado.



De igual manera, las partes pueden elegir un tribunal privado o no, interno o internacional distinto al de los Estados en los que surge el conflicto y se desarrolla la relación jurídica. Tal como ha sido el criterio del neoliberalismo al introducir los Tratados de Protección de Inversiones y la sujeción de los conflictos al arbitraje del CIADI.



"El desplazamiento de la justicia argentina a favor de árbitrajes o jueces extranjeros implica pérdida de soberanía, proceso que arrancó con la última dictadura militar", denunció Riestra.




"Se deben advertir las implicancias del proyecto oficial para los trabajadores, particularmente los dependientes del Estado. Vemos con suma reocupación que el Ejecutivo Nacional ha modificado el anteproyecto presentado por la comisión redactora, eliminando la responsabilidad civil de la administración y sus funcionarios", sostuvo Riestra