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Un nutrido grupo de escritores, actores y periodistas se manifestó en el centro de El Cairo el pasado miércoles. Sus pancartas, lemas y reivindicaciones no eran muy diferentes de las que sostenían en sus concentraciones durante la oscura era Mubarak. Y es que, si bien muchas cosas han cambiado en Egipto durante los últimos 18 meses, otras, como el acoso a los medios de comunicación por parte de los poderes públicos, continúan vigentes.

El detonante de la movilización fue una larga retahíla de ataques contra la libertad de expresión que han coincidido con el ascenso a la presidencia del islamista Mohamed Morsi a principios del mes de julio. Entre estas acciones, todas ellas a instancias judiciales, figura el procesamiento y encarcelamiento preventivo de periodistas por “insultar” al presidente, el cierre temporal de una cadena de televisión por satélite muy hostil a los Hermanos Musulmanes, y el secuestro de los números de varias publicaciones. Asimismo, en algunas cabeceras se han vetado artículos críticos con la Hermandad y sus oscuras finanzas.

“La libertad de prensa aún no está garantizada en este país. La situación apenas ha cambiado respecto a la era Mubarak. Esta lucha no ha concluido”, declaró a El PAIS Sayed Mahmud, uno de los dos periodistas que convocaron la concentración del pasado miércoles a través de Facebook.

La caída del veterano dictador permitió que muchos periodistas se liberaran de la pesada coraza de la autocensura, ampliando de un soplo el margen de libertad en el trato dispensado a las autoridades. Ahora bien, no hizo desaparecer la existencia de líneas rojas. Durante el gobierno de la Junta Militar, se mantuvo la presión a los medios, a veces de forma sutil, y otras más descarada y brutal, como el asalto al estudio que la cadena CBC disponía en Tahrir para evitar que continuara filmando en directo la represión violenta de una manifestación. Fue por este tipo de actuaciones, que incluyó palizas y malos tratos, que en 2011 Egipto cayó del puesto 127 al 166 en el ránking de libertad de prensa que elabora Reporteros Sin Fronteras.

Actualmente, dos son las principales amenazas a la libertad de prensa en Egipto: una serie de leyes que castiga con dureza los delitos de opinión, y la existencia de un verdadero imperio de medios públicos bajo el control directo del gobierno.

“Entre nuestras peticiones figura la abolición de los artículos del codigo penal que establecen penas de carcel por “insultar” al presidente, o a altos cargos públicos, así como la redacción de una Constitución que blinde la libertad de prensa”, sostiene Gamal Eid, máximo responsable de la ANHRI, una de las principales organizaciones de derechos humanos en Egipto. “Estamos en contacto con diputados de la Hermandad, y nos dijeron que están de acuerdo con el 99% de nuestros planteamientos. Ahora falta que cumplan sus promesas”.

Eid admite que la ley debe recoger algún tipo de sanción para aquellos periodistas que incurren en calumnias o publican noticias falsas, pero no debe incluir penas de cárcel. Estas acusaciones son las que pesan sobre varios de los redactores encausados recientemente, como Islam Afifi, director del diario al-Dustur, o Tawkiq Okasha, propietario del canal al-Faraeen, que llegó a incitar al asesinato del presidente Morsi en su programa de televisión.

Este tipo de virulentos ataques contra la Hermandad, que antes de las elecciones provenían tanto de medios públicos como de privados en manos de empresarios afines a Mubarak, generaron en la organización islamista el convencimiento de que era necesario realizar una purga de los cargos directivos de los medios de comunicación. Por eso, situaron al frente del ministerio de Información a uno de los cuatro miembros del gabinete que pertenece a los Hermanos Musulmanes.

Además, gracias a su control la Cámara Alta, recientemente cambiaron a la mayoría de los directores de la cincuentena de cabeceras públicas, entre ellas el histórico diario Al Ahram. Aunque desde la cofradía se asegura que el único criterio que tuvieron en cuenta fue la profesionalidad, muchos egipcios creen que los nuevos directores fueron escogidos por su afinidad al grupo islamista.

Son todas estas decisiones, y el temor a que una dictadura partidista remplace a una de militar, que han situado en pie de guerra a periodistas y organizaciones de la sociedad civil. Su movilización del miércoles surgió efecto de inmediato, pues al día siguiente Morsi decretó el final de la cárcel preventiva por delitos de opinión, e Islam Afifi fue puesto en libertad. “Esta solo es una pequeña victoria. Pero extrajimos una importante lección: el raïs puede ser flexible bajo la presión de la calle”, sostiene Mahmud. A buen seguro, artistas e intelectuales habrán tomado buena nota de ello. La próxima batalla por la libertad de expresión será probablemente la censura en las artes por motivos religiosos.