La subsecretaria de Defensa del Consumidor de la Nación, María Lucila Colombo, reconoció que el Gobierno ordenó la inhabilitación preventiva de la asociación Consumidores Libres "a simple vista", sin un análisis profundo de los precios relevados por la entidad, como "medida precautoria".
La funcionaria acusó al titular de Consumidores Libres, el exdiputado Héctor Polino (abogado, integrante del Frente Amplio Progresista que lidera Hermes Binner), de utilizar la sanción impuesta a la ONG para hacer su "lanzamiento de campaña política", de cara a las elecciones legislativas de 2013.
Colombo definió a Consumidores Libres como "un estudio de abogados" montado "para hacer juicio a las empresas", por las denuncias presentadas por la entidad contra corporaciones privadas, en vez de ser lo que el Gobierno nacional entiende por organización de "defensa del consumidor y cumplir con la ley".
"Lo que nosotros hicimos fue instruir un sumario y demandar, más formalmente y por tercera o cuarta vez en el mes, a la cooperativa Consumidores Libres una información que está haciendo pública en relación a variaciones de precios que, por lo que miramos a simple vista, no parece seria, no se puede ver la metodología de cálculo que utiliza", sostuvo la funcionaria kirchnerista en diálogo con Radio Mitre.
Colombo calificó la decisión de suspender a Consumidores Libres del Registro Nacional de Asociaciones de Defensa del Consumidor (RNADC) como una "medida precautoria" y argumentó que actuó con la "facultad" que tiene "desde el Estado para cuidar a los consumidores".
La funcionaria también desafió a Polino a que demuestre "si está diciendo la verdad a la gente mientras dure el sumario" abierto tras la inhabilitación preventiva. "Y, si la información que está produciendo una asociación que tiene como tareas informar, educar, hablar con veracidad a los consumidores y promover sus derechos los está perjudicando, bueno, esa es una conducta que deberá cesar", advirtió.
Por último, definió a la ONG como "un estudio de abogados" montado "para hacer juicio a las empresas" y "una base de lanzamiento para hacer campaña política", en vez de ser lo que el Gobierno entiende por organización de "defensa del consumidor y cumplir con la ley".
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