La policía francesa ha desalojado esta mañana un campamento de unos 70 gitanos en la ciudad de Evry, en la periferia parisiense, una decisión que el ministro del Interior y alcalde de la localidad hasta su entrada en el Gobierno en junio, Manuel Valls, ha justificado por motivos sanitarios. Se trata de la primera gran evacuación desde que la semana pasada el primer ministro Jean-Marc Ayrault presidiera una reunión interministerial sobre la situación de esta población, después de que varios desalojos durante el verano provocaran la indignación de asociaciones de derechos humanos y de un sector de la izquierda.
El campamento, situado junto a las vías férreas del tren de cercanía desde hace cuatro meses y en el que vivían una veintena de niños, fue desalojado de madrugada. El alcalde socialista de la localidad, Francis Chouat, ha justificado la decisión, además de por las condiciones de insalubridad, por la peligrosidad que suponía su ubicación. Valls por su parte ha indicado que la situación sanitaria se había convertido en “insoportable”.
De acuerdo con la promesa del Gobierno de proponer soluciones de realojo siempre que hubiera una operación de este tipo, Chouat ha asegurado haber realizado “propuestas para cada una de las familias”. Pero muchos parecen haberse negado a acudir a un albergue de emergencia y se han dirigido hacia otros campamentos. Según la Asociación de Solidaridad del Essone con las familias rumanas gitanas (ASEFRR), en total han sido evacuadas 72 personas, de los cuales 58 no tenían solución de realojo.
Varias operaciones de desmantelamiento de campamentos y de expulsiones de gitanos a principios de agosto habían provocado una oleada de críticas por parte de las ONGs y de algunos socios de gobierno sobre la política del Gobierno respecto a esta población, que seguía la línea marcada por el exmandatario Nicolas Sarkozy. En un esfuerzo por aunar criterios y buscar una solución conjunto, varios ministros se reunieron en Matignon, la sede del primer ministro. Del encuentro salió la decisión de flexibilizar la entrada al mercado laboral de los rumanos y búlgaros.
Fue en una audiencia desarrollada este lunes por la tarde. Se trata de uno de los adolescentes a la que "se desincrimina" en la investigación por ser menor.