La AFIP estableció una ampliación del régimen de información a cargo de la Asociación del
Fútbol Argentino (AFA), y de los clubes de Primera A y Nacional B, para evitar casos de evasión fiscal en las transferencias de futbolistas.
Así lo dispuso a través de una resolución publicada hoy en el Boletín Oficial.
Esta nueva decisión oficial llega tras haberse dispuesto, esta semana, el bloqueo de los pases de Ignacio Piatti a San Lorenzo y Jonathan Bottinelli a River, por supuestas irregularidades fiscales.
Ahora, la AFIP exigió que la AFA deberá informar sobre "los jugadores profesionales que integran la totalidad del plantel" de un equipo, sus "agentes o representantes y sujetos que posean
participación en los derechos económicos de los jugadores profesionales de fútbol".
La medida incluye también a:
-- Sujetos que hubieran efectuado operaciones de transferencia, cesión de derechos económicos o préstamos relativos al uso de los servicios prestados por los jugadores profesionales de fútbol.
-- Sujetos que hubieran actuado como intermediarios o gestores de las operaciones, aún cuando se trate de transacciones entre clubes.
-- Deudas con sujetos del país o del exterior por la compra de derechos económicos y sobre derechos de uso o préstamos en dinero, con excepción de las contraídas con entidades regidas por la ley de Entidades Financieras.
-- Los importes abonados por todo concepto a los jugadores.
Además, la resolución dispuso que "las operaciones de transferencia y/o cesión total o parcial, definitiva o temporaria de los derechos federativos y/o económicos de los jugadores de fútbol profesional deberán ser registradas por los vendedores o cedentes y los adquirentes o cesionarios de los derechos".
Esas operaciones tendrán que registrarse "dentro del término de 10 días hábiles contados a partir de la fecha de suscripción del contrato respectivo", de acuerdo con lo resuelto por la AFIP.
El martes último, la AFIP anunció que comenzó una "exhaustiva revisión de todas las transferencias de futbolistas" entre clubes locales y también hacia el exterior.
Se trata del tercer policía implicado en la causa. El acuerdo de juicio abreviado incluye una inhabilitación por seis años para ejercer cargos públicos y una multa de 2 000 000 de pesos.