La Asociación de Jubilados y Pensionados del Arte de Curar de la Primera Circunscripción de Santa Fe ha expresado su rechazo al proyecto presentado por el diputado provincial Leandro Busatto (Frente para la Victoria) por el cual se propone la eliminación del estampillado de los certificados médicos para los agentes públicos que presten servicios en el Estado, entre ellos los docentes, según consigna el Diario “El Litoral” en su edición del día jueves 16 de agosto de 2.012.
Según manifiesta el citado texto el legislador busca modificar el artículo 13º, inciso c de la Ley nº 12.818 que regula la Seguridad Social para los Profesionales del Arte de Curar de la Provincia de Santa Fe.
Este proyecto fue presentado en conferencia de prensa ofrecida en la Sede de Sadop Santa Fe en la que el legislador manifestó “No puede ser que agentes que prestan servicios esenciales como la educación, deban estar pagando un estampillado”.
Dice la Asociación que "indudablemente el legislador desconoce que el estampillado es un recurso económico de la Caja de Seguridad Social para los Profesionales del Arte de Curar, que permite paliar los magros haberes que perciben los jubilados y pensionados mediante la obtención de un plus de $400. Llama la atención que el Señor Legislador desconozca esta situación cuando se encuentran presentados proyectos de reforma de la ley en su integridad buscando dar viabilidad al sistema previsional de los profesionales. Uno de ellos de autoría de la ex Diputada Silvina Frana y avalado por la Asociación de Jubilados perdió estado parlamentario justamente por la falta de tratamiento, y otro que lo tiene en la actualidad está a la espera del resultado que surja de la Comisión de Revisión Integral de la Ley nº 12.818 creada a instancia de la misma legislatura, con la participación de sus representantes, de la Caja, de los jubilados y en el ámbito del Ministerio de Trabajo de la Provincia de Santa Fe. Llama la Asociación de Jubilados y Pensionados a la reflexión al Señor Legislador y lo invita interiorizarse de la situación extrema por la que está pasando el sector pasivo antes de presentar proyectos que atentan contra sus escasos recursos".
Se trata del tercer policía implicado en la causa. El acuerdo de juicio abreviado incluye una inhabilitación por seis años para ejercer cargos públicos y una multa de 2 000 000 de pesos.