Mientras el oficialismo avanza en el Congreso con la expropiación de la ex Ciccone, el grupo Boldt busca bajar el tono al enfrentamiento que mantiene con el Gobierno por la causa judicial iniciada cuando la imprenta pasó a manos de un desconocido fondo inversor ligado al vicepresidente Amado Boudou.
La estrategia que ha encarado el holding que preside Antonio Tabanelli para lograr sobrevivir en el mundo kirchnerista es desprenderse de todas las áreas de negocios con las que compite con la imprenta que ahora se pretende estatizar.
Es decir, salir de los negocios de impresión y de la gráfica, principales motores de la ex Ciccone que también el Gobierno intentará incentivar mediante la absorción de esta sociedad con la Casa de la Moneda.
Conociendo esta estrategia oficial y buscando dejar de perder negocios, en especial en el mundo de los juegos de azar, Boldt quiere enviar una señal que le permita, por lo menos, morigerar el nivel de persecusión que sufre por haber sido identificado como duhaldista, y que ya le ha hecho perder varios contratos que mantenía con el Estado nacional y con la provincia de Buenos Aires.
Cabe recordar que el vicepresidente Boudou acusó a Boldt de ser parte de una “mafia” integrada también por medios y miembros de la Justicia que buscarían perjudicarlo.
En este marco, el grupo acaba de firmar una carta de intención con una empresa extranjera para transferir el 49% de las acciones que controla en Erich Utsch Sudamericana, actualmente a cargo de la confección de las patentes de los autos que circulan por el país y que también emite las chapas para las motos.
El 51% restante de esa sociedad pertenece al holding alemán Erich Utsch, considerado el número uno a nivel mundial en este negocio. El acuerdo involucra un monto de u$s 4,4 millones y está sujeto a negociaciones que deberían culminar en 60 días.
La operación marcaría el primer paso de la retirada que ofrece Boldt al Gobierno para dejar de competir con la ex Ciccone estatizada. De hecho, ambas sociedades compitieron en la licitación convocada por Acara en mayo pasado para ceder a un privado la impresión de las patentes por otros 10 años. Si bien la oferta más baja fue la de Boldt, hasta ahora no se conoce el veredicto que debe anunciar el Ministerio de Justicia.
Esta licitación ya fue suspendida dos veces debido a que siempre la intención oficial habría sido la de favorecer a la ex Ciccone. El ganador manejará un contrato por u$s 20 millones aportados por el Estado.
Fuentes de Boldt consultadas por El Cronista negaron que la venta de este negocio esté vinculada con la necesidad de generar un acercamiento con el Gobierno. Aseguraron que se trata sólo de una oportunidad comercial.
Sin embargo, cabe preguntarse la razón por la cual Boldt se desprende de una empresa a cargo de un contrato millonario. La respuesta podría buscarse en que si Boldt sigue siendo parte de esa sociedad, dicha licitación quede en la nada y pierda otro negocio como el de las apuestas online en la provincia de Buenos Aires, que el gobernador Daniel Scioli decidió estatizar.
Al ser concientes de este escenario, en Boldt prefieren salir generando algún ingreso para el grupo antes que descapitalizar otra sociedad controlada por sus malas relaciones con el kirchnerismo.
Además, intentarán concentrar sus esfuerzos en el negocio de los juegos de azar donde, si bien también han sufrido ciertas heridas, todavía concentran gran parte de los ingresos del grupo.
Boldt comenzó a caer en desgracia luego de que, en 2009, el titular de la Secretaría de Comercio Interior, Guillermo Moreno; y el entonces ministro de Economía, Amado Boudou, dejaron a la empresa afuera de la ex Ciccone y entregaron la planta al fondo inversor The Old Fund, cuya cara visible, Alejandro Vanderbroele, está siendo investigado por la Justicia precisamente por esta operación y por sus lazos con el actual Vicepresidente de la Nación.
Ambos funcionarios lograron dejar a Boldt fuera del negocio, a pesar de que la empresa había acordado con el juez a cargo del concurso preventivo de la ex Ciccone la presentación de un plan para gerenciar la planta industrial, considerada la imprenta más moderna de la Argentina, donde se llegaron a confeccionar DNI y pasaportes hasta que se le decretó la quiebra, el 12 de agosto de 2008 a pedido de la AFIP, por una deuda de 239 millones de pesos.
Se trata del tercer policía implicado en la causa. El acuerdo de juicio abreviado incluye una inhabilitación por seis años para ejercer cargos públicos y una multa de 2 000 000 de pesos.