Los diputados del interbloque Unión PRO Federal Norberto Nicotra, Raúl Fernández, Federico Angelini, Germán Mastrocola y Demetrio Alvarez presentaron un proyecto de comunicación para que “el Poder Ejecutivo, a través de las áreas que correspondan, se avoque a investigar y esclarecer las denuncias formuladas por el Dr. Eduardo Lago, Fiscal de los Tribunales de la ciudad de Venado Tuerto, en relación a las amenazas en su contra y de sus familiares presuntamente vinculadas con causas judiciales referidas al narcotráfico en el sur de nuestra Provincia”.
En los fundamentos de la iniciativa, los legisladores de Unión PRO Federal hacen una reseña de las declaraciones periodísticas del propio doctor Lago, del ministro de Gobierno, Rubén Galassi y del Colegio de Magistrados de Rosario y tras ello señalan que “coincidiendo con lo expresado por el Colegio de Magistrados de Rosario, consideramos que las apreciaciones formuladas por el ministro de Gobierno y Reforma del Estado, Rubén Galassi, sobre los antecedentes del Dr. Lago, nada aportan en un momento en el que el gobierno santafesino tendría que estar dedicado a resguardar la seguridad de un funcionario judicial y sus allegados, y por ende también investigar a fondo el origen y causa de las amenazas antes citadas”.
“La inseguridad es hoy por hoy la principal preocupación de los ciudadanos santafecinos y dentro de las causa que la provocan quizás la más preocupante sea el narcotráfico y sus nefastas consecuencias, por lo que el Estado, a través de sus tres poderes debe concentrarse en la pelea frontal contra este flagelo social y no dilapidar tiempo ni esfuerzos en disputas políticas que poco le interesan a la sociedad” destacan los representantes de Unión PRO Federal.
“El Poder Ejecutivo, a traves del ministerio de Seguridad y la Policía de la Provincia debe asistir con todas las herramientas que tenga a su alcance al Poder Judicial y al Ministerio Público Fiscal en la investigación y el desbaratamiento de las redes del narcotráfico, junto con las fuerzas Federales y la Justicia Federal a fin de llevar paz y tranquilidad a los habitantes de esta provincia” finalizan los diputados provinciales.
Se trata del tercer policía implicado en la causa. El acuerdo de juicio abreviado incluye una inhabilitación por seis años para ejercer cargos públicos y una multa de 2 000 000 de pesos.