El jefe de la bancada kirchnerista de Diputados, Agustín Rossi, aseguró esta mañana que "no hay ninguna iniciativa para abrir las barreras de los countries y derrumbar sus muros", sino que lo que se busca es impedir que se cree "un derecho real" para esas construcciones en el nuevo Código Civil.
Rossi aseguró que las declaraciones que realizó el martes en un debate de comisión fueron "forzadas", ya que su intención era sólo evitar que el nuevo Código Civil y Comercial incorpore el "derecho real" de "construcciones colectivas" para los barrios privados.
No obstante, el diputado por el Frente para la Victoria ratificó su deseo de "volver a tener una ciudad como lugar de encuentro de todos los sectores sociales".
En declaraciones a FM Delta, el legislador recordó que en la ciudad de Rosario "se debatió este tema hace dos años" y afirmó que "tienen una ordenanza municipal que prohíbe la ejecución de
countries dentro del ejido urbano". "(Rosario) es la segunda ciudad de la argentina que, con
argumentos similares a los que yo vertí, tomó esta decisión de prohibir directamente la concreción de barrios cerrados o countries en la ciudad. No habla en lo absoluto de los barrio existentes, que seguirán existiendo", argumentó.
Además, el diputado nacional por Santa Fe explicó su negativa a incorporar esta nueva figura legal al indicar que "si el Código nuevo va a tener 100 años (a eso aspiramos) darle la categoría de
derecho real no me parecía lo más lógico".
"Planteé que los countries se sigan construyendo de la misma manera que hasta ahora, sin darles una categoría de derecho real, sino como una combinación de derechos reales", indicó.
Rossi se manifestó contra los countries y a favor de "eliminar las barreras arquitectónicas" luego de que el ministro de Justicia, Julio Alak, brindara ante la Comisión Bicameral que estudia la reforma al Código Civil algunas precisiones sobre la regulación que establece para los "conjuntos inmobiliarios", como los barrios cerrados.
Se trata del tercer policía implicado en la causa. El acuerdo de juicio abreviado incluye una inhabilitación por seis años para ejercer cargos públicos y una multa de 2 000 000 de pesos.