El proceso está en marcha desde principios de año. La comunidad de la Universidad Nacional del Litoral está construyendo la agenda del debate de su Estatuto, la norma jurídica máxima de la institución.
Tras la aprobación del Plan de Desarrollo Institucional 2010-2019 “Hacia la Universidad del Centenario, la Asamblea Universitaria, el máximo órgano de gobierno de la UNL, aprobó la reforma del Estatuto.
Este proceso de construcción colectiva involucra la participación de todos los claustros de universitarios del Litoral, quienes pueden realizar sus aportes, comentarios y debatir sobre la actualización de la norma jurídica que vertebra la vida de la institución.
Para participar de este debate se puede acceder a www.unl.edu.ar/estatuto o enviar un mail a estatuto@unl.edu.ar.
¿Qué es el Estatuto?
El Estatuto es la máxima norma jurídica que organiza y regula la vida institucional de la Universidad Nacional del Litoral, en la esfera de su autonomía y autarquía propias. Es la norma que determina su estructura; pauta sus órganos de gobierno y las funciones que les corresponde ejercer; regula el régimen electoral del que resultan las autoridades de la universidad, facultades, institutos y escuelas; ordena la vida institucional de los cuerpos de docentes, de graduados, estudiantes y no docentes; establece los medios para su realización tanto como para la investigación científica y las actividades de extensión y función social de la Universidad; pauta el régimen financiero y administrativo, y también determina incompatibilidades y régimen disciplinario.
Es, por tanto, la columna normativa que vertebra toda la vida de la institución y en consecuencia debe ser un cuerpo de carácter genérico, conceptual, preciso y perdurable, que recoja las grandes líneas de la misión institucional de esta casa, sus estructuras, su régimen de ciudadanía y que denote sus valores, sin perder de vista el carácter dinámico que distingue a la UNL.
Se trata del tercer policía implicado en la causa. El acuerdo de juicio abreviado incluye una inhabilitación por seis años para ejercer cargos públicos y una multa de 2 000 000 de pesos.