El gobierno de Paraguay autorizó la importación de semillas transgénicas de algodón de Argentina y Brasil para potenciar la producción, que está en retroceso por la falta de insumos y el auge de cultivos mecanizados, como la soja.
La autorización fue oficializada a través de un decreto firmado por el presidente paraguayo, Federico Franco, quien recientemente desplazó a Fernando Lugo después de una controvertida decisión del Congreso de ese país.
Franco permitió el ingreso de las semillas de los países socios del Mercosur en respuesta a un dictamen emitido por el Ministerio de Agricultura y Ganadería, que en 2011 había autorizado la liberación comercial de la semilla modificada genéticamente.
La falta de semillas amenaza con recortar la producción algodonera paraguaya en un 50%, según advirtió recientemente la Cámara Algodonera del Paraguay (Cadelpa). El año pasado, se sembraron unas 60.000 hectáreas y actualmente sólo se está preparando la tierra para cubrir 30.000 hectáreas para el cultivo.
La Comisión Nacional de Bioseguridad (Conbio) de Paraguay autorizó la introducción al país del algodón transgénico Bt (Bacillus thuringiensis) a mediados del año 2006, pero las experimentaciones de campo se pudieron concretar recién en enero de 2008, para el primer año, y enero de 2009, para el segundo período.
En octubre de 2011, el Ministerio de Agricultura liberó el uso comercial del algodón transgénico Bt, de la marca MON 531, de la empresa Monsanto Paraguay, pero la misma no está disponible en la región, según Cadelpa, por eso la entidad solicitó que se liberara de la importación desde Argentina y Brasil.
Monsanto, en paralelo, presentó ante el Ministerio de Agricultura paraguayo el pedido de inicio del proceso de regulación para la experimentación de dos nuevas semillas de algodón transgénico. De seguir el proceso normal, el algodón transgénico múltiple recién podría liberarse para su cultivo comercial dentro de dos años.
Ante esta situación, Cadelpa pidió al Gobierno que, adicionalmente, el Ministerio de Agricultura declare una situación de emergencia para el rubro y proceda a liberar por decreto la introducción de variedades transgénicas múltiples, sin necesidad de cumplir el proceso regulatorio, para facilitar su utilización y evitar mayores pérdidas para los productores.
Se trata del tercer policía implicado en la causa. El acuerdo de juicio abreviado incluye una inhabilitación por seis años para ejercer cargos públicos y una multa de 2 000 000 de pesos.