El abogado de Julian Assange, Baltasar Garzón, ha comparecido ante la prensa congregada frente a la embajada de Ecuador en Londres donde ha asegurado que pondrá en marcha todas las medidas legales para defender a su cliente y ha pedido garantías a la justicia sueca previsiblemente referidas a un compromiso de no extraditar al australiano a EE UU. "[Assange] nunca ha rehuído responder ante Suecia-- aseguró, en referencia a los delitos sexuales por los que está denunciado en el país nórdico--, solo solicita unas garantías que no han sido atendidas".
Garzón ha negado tajantemente que exista una negociación por parte de la defensa para la salida de Assange desde Londres a Suecia. "No hay negociación. Al menos que yo sepa porque no es nuestro trabajo, no nos compete negociar".
El abogado del australiano ha cortado también con las especulaciones de que el fundador de Wikileaks pudiera salir a la calle y ha asegurado que no se asomará más allá del balcón en el que se han instalado dos micrófonos para su intervención.Traspasar siquiera un centímetro el perímetro de la legación significaría su automático arresto por parte de la policía británica.
El exjuez español, convertido ahora en abogado defensor del exhacker, ha informado de que su cliente se encuentra "fuerte de espíritu" y está agradecido con "el pueblo ecuatoriano y, en particular, con su presidente Rafael Correa" por la concesión de asilo diplomático concedido el pasado jueves. Garzón ha insistido en que su cliente defiende la libertad y los derechos humanos y que está siendo víctima de una "persecución política".
Aunque no ha confirmado cuál será la estrategia legal de su cliente, el aseguró que Assange le había "dado órdenes para que comience la batalla legal para conseguir el salvoconducto y se respeten los derechos fundamentales tanto de mi cliente como de WikiLeaks y las personas vinculadas".
"Julian Assange siempre ha luchado por la verdad y la justicia y ha defendido los derechos humanos y continuará haciéndolo para que los derechos de WikiLeaks y sus propios derechos y de los que están siendo investigados sean respetados", afirmó Garzón ante la puerta de la embajada.
En medio de la grave crisis diplomática que ha provocado su obtención del estatuto de asilado político, bajo la cobertura del gobierno de Ecuador, Julian Assange ha comparecido después a las tres de la tarde (hora española) en la embajada del país latinoamericano en Londres.
Assange es desde el jueves un asilado que no puede huir de la sede diplomática hacia Ecuador sin traspasar territorio británico y, por lo tanto, ser detenido y extraditado a Suecia. Su caso ha envenenado las relaciones entre el Reino Unido y el gobierno de Rafael Correa, ambos objeto de crítica por parte del grueso de la prensa británica por el modo en el que han gestionado la crisis.
Los diarios nacionales han cargado contra la decisión de Quito por considerar que Assange no requiere de una protección especial y en cambio sí está obligado a presentarse ante la justicia sueca para ser interrogado sobre cuatro presuntos delitos sexuales, que no son de índole política. Dado que el país nórdico es una de las democracias más desarrolladas del planeta, subrayan, sus derechos e integridad física están garantizados. Si Estados Unidos pretende presentar cargos contra él, argumentan además medios como The Guardian o The Independent, no se entiende porqué no ha solicitado la extradición al Reino Unido, un país aliado y especialmente comprensivo hacia los intereses de Washington.
Las autoridades británicas tampoco se salvan de la censura de los medios del país, que han visto como un traspiés impropio del Foreign Office la amenaza que profirió de irrumpir en la delegación, violando su condición de territorio diplomático. Si bien es cierto que el Acta sobre Recintos Diplomáticos y Consulares, aprobada en 1987, avalaría esa drástica acción, las consecuencias de saltarse a la torera la Convención de Ginebra sólo resultaría contraproducente.
El ex embajador en Rusia (2004-8) sir Tony Brenton ha declarado que revertir de forma “arbitraria” el estatus diplomático de la embajada de Ecuador haría la vida “imposible” para los representantes del servicio exterior del gobierno británico y amenazaría los intereses nacionales en aquellos países carentes de escrúpulos.
Se trata del tercer policía implicado en la causa. El acuerdo de juicio abreviado incluye una inhabilitación por seis años para ejercer cargos públicos y una multa de 2 000 000 de pesos.