A través de un proyecto de ley, la diputada Verónica Benas, busca autorizar la destrucción de locales de distribución o comercialización de estupefacientes asentados sobre terrenos públicos. La legisladora de PARES también propone recuperar dichos espacios para organizaciones sociales de la comunidad y habilitar una línea telefónica gratuita (0-800) para la recepción de denuncias sobre estos lugares.
En los últimos meses se han producido episodios de extrema violencia, en las principales ciudades de la provincia, vinculados con la presencia de locales dedicados venta de estupefacientes. No podemos ignorar que desde hace varios años Argentina ha dejado de ser un país de tránsito para transformarse en una plaza de consumo de real significancia. De ahí que las disputas territoriales asociadas al control y distribución de las drogas compitan en brutalidad y número de víctimas fatales con aquellos países históricamente señalados como sedes de los principales carteles del narcotráfico.
En este sentido, resulta indispensable que el Estado Nacional como los Estados Provinciales adapten sus estrategias de lucha contra el tráfico de drogas en relación a un escenario completamente nuevo donde las organizaciones criminales se consolidan y crecen, desplegando acciones cada vez más temerarias en pos de lograr el control absoluto del negocio.
En el caso de los puntos de venta de estupefacientes, muchas veces los denominados “kioscos de droga” resultan locales emplazados en terrenos públicos, donde con inmediata posterioridad a la ocupación del predio, los traficantes proceden a la venta de las sustancias, con el inminente riesgo para los habitantes de la zona tal cual lo demuestran los hechos reseñados con anterioridad.
Por ello, impulsamos este proyecto de ley, que en primer lugar, dispone la creación de una línea telefónica gratuita (0-800) destinada a la recepción de denuncias referidas a la localización de sitios dedicados a la distribución, venta o comercialización de drogas.
Esta información podrá tener carácter confidencial y hasta anónimo, y será evaluada por personal especializado de la Dirección General de Prevención y Control de Adicciones de la Policía de la provincia, para darle el curso que corresponda de acuerdo con la legislación vigente.
Asimismo, proponemos que una vez que haya sido constatada fehacientemente la existencia de locales o puestos de venta, distribución o comercialización de estupefacientes, siempre y cuando estén ubicados en terrenos públicos de cualquier jurisdicción, se pueda proceder a la destrucción o remoción de los mismos, asegurando previamente las pruebas y dando comunicación al órgano jurisdiccional pertinente.
Por último, los terrenos públicos donde se hallaban los “kioscos de drogas” demolidos, serán recuperados para entregarlos a organizaciones sociales de la comunidad, con la colaboración de las áreas sociales del Estado.
La finalidad del presente proyecto es la de aportar instrumentos y prácticas concretas a fin de contribuir de modo efectivo al desmantelamiento de las redes de tráfico, habilitando un modo de respuesta inmediato toda vez que se detecte la existencia de un local dedicado a la venta de drogas.
Con algunas sorpresas, el técnico dio a conocer los 55 nombres que tiene en la prelista.