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 Ahora es la Justicia uruguaya la que solicitó a la Comisión Administradora del Río de la Plata (CARP) t odas las actas que contienen lo conversado y ocurrido en las reuniones del ente argentino uruguayo para la administración y navegación del río compartido sobre el escándalo en torno a un presunto intento de coima de un funcionario argentino a otro uruguayo. Las actas están catalogadas como “reservadas”.

Según informó ayer temprano el diario El Observador de Montevideo, basándose en fuentes judiciales, que luego reconfirmó a Clarín una alta fuente política de ese país, la intención de la Justicia en Crimen Organizado es determinar si tal como sostuvo un informe de Tribunal de Cuentas vecino, hace una semana, existen irregularidades en el proceso de licitación iniciado ya por los dos países para las obras sobre el canal, que modernizaría los puertos de Montevideo y el de Nueva Palmira.

De acuerdo a la información, el juez uruguayo Néstor Valetti envió un exhorto a la Argentina solicitando la documentación debido a que las oficinas de la CARP se encuentran en Buenos Aires, concretamente en Paraguay al 700. El fiscal Juan Gómez pidió abrir la investigación por la denuncia que presentó el abogado Gustavo Salle en Montevideo, en base a un articulo de El Observador, de mayo pasado, y que desató el escándalo por el que Héctor Timerman pidió entonces una auditoría y así despejar “sospechas”.

En Buenos Aires primó ayer silencio , aunque llamó la atención un artículo de Página 12 que reportaba el envío de una nota de la cancillería argentina a la oriental quejándose por la presunta sobreproducción de pasta de celulosa de la planta de UMP-Botnia, en contra de lo estipulado por las Cortes de La Haya.

“Basta de huevadas.

¿Quién pidió la auditoria¿ ¿nosotros? No.

Tampoco nos quejamos de los resultados. Timerman sembró un manto de sospechas sobre nosotros. Muy bien. El tema se judicializará ahora y demostraremos la transparencia uruguaya. Ahora, después no queremos quejas” dijo ayer a Clarín un funcionario de Mujica que pidió el anonimato, y que aclaró que todas estas decisiones “no” eran fruto de una pelea Timerman-Almagro, ya que el canciller oriental actuaba por mandato explícito de Mujica .

De ratificar lo dicho hace una semana por el Tribunal, las actas son bastante comprometedoras.

Aunque fuentes de la empresa lo han negado sistemáticamente, del informe del Tribunal se desprenden declaraciones de los uruguayos que consideraron que de la manera que se comportaba argentina durante la extensión de la concesión a Boskalis hasta enero próximo, no había otro opción que acordar con la misma.

O situaciones en la que los uruguayos siembran dudas sobre el modo de pactar precios por parte de Argentina. Aunque no confirma los hechos, hasta se sugiere una investigación judicial.

De esta manera, lejos de aplacarse, la tensión con Uruguay se recalienta pese a la conversación de Cristina Kirchner y José Mujica en Brasilia, el martes pasado.

Ambos pactaron no difundir su diálogo.

Pero señales de que el desacuerdo persiste sobran. El semanario Brecha anticipó el viernes que el canciller Luis Almagro ha decidido enviar justamente a la justicia todos los antecedentes que tienen en su país sobre la firma Riovía (de la holandesa Boskalis), la que se encuentra en el medio de la denuncia hecha en privado pero luego conocida en público, por el y presidente de la CARP, Francisco Bustillo, quien le dijo a otro funcionario de Mujica que siendo embajador en Buenos Aires en 2010 intentaron coimearlo para favorecer a Riovía.

La empresa es la que draga y mantiene el canal desde 1996, pero su contrato ya vence en enero próximo.

El pasado lunes 30 la empresa se presentó con otras tres en la apertura de sobres de la nueva licitación para una nueva concesión para seguir operando. En medio del escándalo , la Argentina decidió excluirla. Uruguay objeta.

Y la empresa amenaza con ir a la justicia si vulneran sus derechos adquiridos, ya que no hay delito comprobado.