El procurador general de la Nación interino, Luis González Warcalde, acaba de aconsejarle a la Corte Suprema de Justicia que rechace las demandas presentadas por las provincias de Santa Fe y San Luis para que la Nación les devuelva los recursos que, según ellas, les pertenecen.
En medio de una enorme crisis financiera que involucra a todas las provincias, González Warcalde dictaminó sobre el reclamo que hace varios años recorre los estrados judiciales, y su conclusión no pudo haber sido peor para esas dos administraciones no kirchneristas.
González Warcalde era el segundo de Esteban Righi en la procuración y está a cargo del organismo provisionalmente, mientras el Gobierno trata de que el Senado apruebe la designación de Daniel Reposo como titular. Como jefe de todos los fiscales nacionales, él mismo es fiscal ante la Corte Suprema, y por eso los aconseja, aunque la decisión final es del máximo tribunal.
"Corresponde rechazar la demanda" y "debe desestimarse el planteo de inconstitucionalidad" son las conclusiones usadas en los dictámenes del procurador, a los que tuvo acceso LA NACION.
Uno de los planteos que presentaron ambas provincias se basaba en la detracción del 15% sobre la masa coparticipable que el Estado nacional realiza desde 1992. Originada por el Pacto Fiscal que las provincias firmaron ese año, su objetivo era financiar obligaciones previsionales mientras se creaba el nuevo sistema de AFJP.
El pacto se fue prorrogando, pero en 2005 Santa Fe dejó de consentir la retención y la Nación lo prorrogó unilateralmente desde entonces.
Las dos provincias plantearon que el mecanismo era inconstitucional y reclamaron los fondos que les hubieran correspondido desde entonces. En el caso de Santa Fe, el reclamo es por unos $ 2800 millones sólo en 2011, casi el 9% del presupuesto provincial de ese año.
El otro planteo fue para que se declarara la inconstitucionalidad del decreto 1399/2001, que en medio de la crisis fiscal disponía retenerles a las provincias otro 2,75% de su coparticipación (en 2005 bajó a 1,90%) con destino a la AFIP.
Las presentaciones judiciales se habían hecho en 2009. En el caso de Santa Fe, patrocinados por el estudio vinculado con el diputado radical Ricardo Gil Lavedra. En el caso de San Luis, a través del estudio de Rodolfo Barra.
El miércoles último, el procurador dictaminó sobre ambos reclamos casi con los mismos argumentos.
Señaló que los estados provinciales no están sometidos a un "encierro legal" porque nada les impide a sus respectivas legislaturas dictar una ley "que haga explícita la voluntad de rescindir el compromiso" del pacto fiscal que firmaron en 1992.
También dijo que las detracciones son válidas "hasta que exista un nuevo acuerdo de partes o se sancione una nueva ley de coparticipación federal". Y descartó los planteos de inconstitucionalidad.
Los primeros en reaccionar en Santa Fe fueron los radicales, que forman parte del gobierno provincial como aliados del socialismo y que, después del peronismo, tienen el mayor número de intendentes, los primeros perjudicados cuando la plata no alcanza.
"Nuestro sistema federal está desquiciado por un gobierno que desapoderó a las provincias de los recursos legítimos que les corresponden, llevándolas a la sumisión y la dependencia", se quejó el titular de la UCR, Mario Barletta, intendente de Santa Fe hasta el año pasado.
"Si el que quedó por defecto en lugar de Righi hace esto, no sé qué podemos esperar de Reposo", agregó.
Por el socialismo, habló Hermes Binner, que hizo la demanda cuando era gobernador. Decepcionado por el dictamen, pero no muy sorprendido, se quejó porque "al Poder Judicial le falta independencia respecto del Ejecutivo".
LA NACION intentó comunicarse sin éxito con el gobierno puntano. Ahora, a ambas provincias sólo les queda esperar la última palabra, que la tendrán los ministros de la Corte Suprema de Justicia.
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