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 Hubo ayer varias peligrosas coincidencias con los instantes previos a aquel conflicto de 2008. En primer lugar, una medida incrementó la presión fiscal sobre el agro. Luego, las cuatro entidades rurales lanzaron de inmediato un paro comercial de nueve días, desde la primera hora de mañana y hasta la medianoche del domingo 10. Por último, la presidenta Cristina Kirchner abonó un escenario de confrontación, aunque ya no llamó a los productores “piqueteros de la abundancia”. Ayer los tildó de “avaros”.

Existen, de todos modos, varias diferencias con aquella pelea en la que el kirchnerismo intentó imponer retenciones móviles. Una de ellas es que el denominado “impuestazo” no tiene alcance nacional sino que se limita a la provincia de Buenos Aires. La segunda, que los montos en juego no tienen parangón: entonces se habló de 2.000 millones de dólares y ahora de unos 2.400 millones de pesos (de los cuales solo una sexta parte quedaría en las arcas bonaerenses y el resto iría a la Nación por vía de Bienes Personales). Además, que los productores sentirán el mayor impacto recién en su declaración jurada ante AFIP de 2013.

Otra diferencia sustancial es que aquella reforma nació del Ejecutivo y luego llegó al Congreso. En este caso, a la par del decreto de Daniel Scioli que estableció un cuestionado “revalúo” de los campos, la Legislatura bonaerense viene discutiendo una ley.

Entre diferencias y coincidencias, lo concreto hasta ahora es que la Mesa de Enlace provincial declaró ayer mismo “el cese de comercialización - excluyendo los productos perecederos - desde las 0 horas del sábado 2 de junio hasta las 24 horas del domingo 10”. En los hechos esta decisión implicará que los productores bonaerenses no venderán ganado y granos por una semana .

La medida no tendría por qué impactar en las góndolas y su acatamiento recién podrá medirse desde el lunes. Por su origen bonaerense será parcial, aunque los cuatro máximos dirigentes ruralistas se reunirán a principios de la semana próxima para analizar si conviene o no “nacionalizar” la protesta agropecuaria.

En un acto de entrega de viviendas, la presidenta abonó el terreno para que así sucediera. No se entiende por qué, pero en ese contexto -y antes de la definición en La Plata-, relató que el ministro de Agricultura, Norberto Yauhar, le había contado “que se han perdido muchos silo-bolsas por las inundaciones que hubo en Carlos Casares, en Azul, que tenían allí guardado su cereal”. Luego de la anécdota, Cristina vinculó la conservación de esos granos con una supuesta “avaricia” de los productores. Refiriéndose a ellos, señaló: “Yo me acuerdo que les dije: ‘vendan que está bueno el precio; no quieran especular si va a un peso más el dólar o baja un peso más la soja’. Por favor, abandonemos esas conductas (...) La avaricia, el tener mucho y por tener mucho querer uno más y terminar perdiendo es un pecado capital ”. Eso dijo.

Nada demuestra que los chacareros, como acusó Cristina, acaparen su soja. Todo lo contrario, datos oficiales indican que exportadores y aceiteras llevan comprados 24,78 millones de toneladas de soja, más que en igual fecha de 2011 (24,29 millones). Forzar la realidad a favor de un debate político, otra coincidencia con aquel 2008.