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¿Qué tienen en común un fabricante de papas fritas, un autopartista cordobés, una inmobiliaria porteña, un laboratorio de la provincia de Buenos Aires, una bodega mendocina, una empresa textil, una minera o una lujosa marca de ropa europea que vendía sus productos en la exclusiva Avenida Alvear?. Que todas, en mayor o menor medida, vienen siendo afectadas por las últimas medidas del Gobierno tendientes a pesificar la economía, cerrar las importaciones, controlar las exportaciones y limitar cada vez más la liquidación de divisas.

A los casos de las papas Farm Frites y McCainn; del fabricante de antibióitocos Bedson; de la tradicional casa de moda Ermenegildo Zegna se le suman los de bodegas como Concha y Toro; la autopartisa Pertrak; una importante minera; productores textiles y vendedores de inmuebles. Todos figuran en la lista de víctimas del rigor oficial.

En realidad, los casos son muchos más. El problema es que son pocos los empresarios que se animan a contar sus vicisitudes por temor a las represalias que reciben desde la omnipresente oficina de la Secretaría de Comercio Interior que comanda Guillermo Moreno.

Ayer se conoció el de Pertrak (la ex Perkins) que envió 50 telegramas de despidos y fue tomada por su personal. La empresa se dedica a la mecanización de piezas para Fiat, Iveco, Volkswagen, Renault y Deutz. Y sus problemas se deben a la pérdida de competitividad y a los problemas para exportar.

Tras hacerse pública su situación, el Ministerio de Trabajo cordobés dictó la conciliación obligatoria por 15 días. Pero Pertrak no es la única autopartista en crisis. En total son casi una decena las afectadas.

Con en este marco, el grupo de entidades empresarias cordobesas conocido como ‘G6’ advirtió el cerrojo cambiario, las dificultades para importar y la inflación tendrían impacto en las empresas y el empleo. “Las condiciones y rumbo del funcionamiento de la economía han comenzado a impactar directamente en el sector productivo”, advirtieron en una declaración que firman la Cámara de Comercio, la Bolsa de Comercio, la Federación Comercial Fedecom, la Unión Industrial de Córdoba (UIC), la Cámara de la Construcción y la Cámara de Comercio Exterior.

Mencionaron la pérdida de competitividad, el incremento de los costos en dólares, las trabas y restricciones al comercio internacional y a la producción nacional que requiere de insumos extranjeros así como a la presión fiscal excesiva de ser aspectos que ponen “en jaque a la actividad productiva.

Este escenario se vive también en el sector textil. Un fabricante de indumentaria y calzado que exporta parte de su producción se quejó ante El Cronista por la liquidación anticipada y admitió haber frenado sus envíos al exterior. De hecho, textiles como Alpargatas y Dass debieron reducir la producción y los turnos de trabajo por las restricciones a la importación.

El sector minero se suma a estas preocupaciones. Un alto ejecutivo de una de las mayores mineras del país aseguró que “la medida modifica pero no resuelve el problema. La que lo resuelve es la resolución de comercio exterior sobre el régimen de precios revisables”.

Otro negocio en alerta es el vitivinícola. Un ejemplo es el de la bodega Trivento, que por las trabas para exportar y el dólar, venderá desde Chile sus vinos. Trivento es parte del holding Concha y Toro que cerrará en junio el departamento exportador de Maipú para tomar el control desde el país vecino. Si bien en la empresa lo atribuyeron a un cambio de estrategia, en el mercado se sostiene que se debe a los problemas para liquidar las divisas con 15 o 30 días de anticipación y no 180 días como se hacía antes de la sanción de la resolución 142 del Ministerio de Economía.

Pero como no es la única que se encuentra en esta encrucijada, el sector gestiona ante Moreno un pedido para ser exceptuado del plazo impuesto para liquidar dólares. El director del Instituto de Vitivinicultura, Guillermo García, sostuvo que negocia esta salvaguarda para “mantener los volúmenes de ventas de vinos y poder repatriar el dinero en un período mayor a 90 días”.

Si bien muchas bodegas quedaron fuera de este panorama gracias a una excepción que estiró los plazos para las pymes que facturan hasta u$s 2 millones, las que exportan a Estados Unidos, Inglaterra y Brasil un volumen millonario en cargamentos, reclaman también por sus intereses.