El proyecto de reforma de seguridad que impulsa el Gobierno santafesino llega al debate en la Cámara de Diputados con diferencias sobre el alcance de las facultades que tendrá la Policía. Entre los puntos discutidos aparecen los allanamientos inmediatos en determinadas circunstancias, la obtención de información sin la presencia inicial de un abogado defensor y mayores restricciones para los presos vinculados con organizaciones criminales.
Federico Angelini, secretario de Gestión Institucional del Ministerio de Justicia y Seguridad, defendió en LT10 la necesidad de aprobar estas herramientas. Sostuvo que, pese a la mejora que el Ejecutivo señala en los indicadores del delito, es necesario ampliar la capacidad de respuesta para evitar nuevos hechos violentos.
“Para nosotros es muy importante contar con estas herramientas para poder seguir golpeando y no darles margen de maniobra a los delincuentes”, afirmó.
Allanamientos y declaraciones, entre los puntos discutidos
Angelini aseguró que el proyecto respeta las garantías constitucionales. “Todo lo que se envía a la Legislatura es 100% constitucional”, sostuvo.
Como ejemplo de las facultades que busca incorporar la iniciativa, mencionó la posibilidad de que la Policía allane rápidamente una vivienda después de demorar o detener a una persona con un arma, cuando existan indicios de su participación en una organización criminal o en un hecho violento. Argumentó que las demoras judiciales pueden permitir que se retiren pruebas del domicilio.
También defendió que los agentes puedan obtener información en los primeros minutos posteriores a un delito para identificar cómplices o prevenir otro ataque. Ante la consulta sobre la intervención de un abogado, aseguró que, si la persona solicita asistencia legal o se niega a declarar, ese intercambio debe finalizar.
Los periodistas le señalaron que no todas las personas conocen su derecho a no declarar contra sí mismas o a pedir un defensor. Angelini respondió que buscaría aprovechar la información que permitiera detener a otros participantes de un hecho: “Si esa persona quiere un abogado, perfecto. Ahora, si me da la posibilidad de agarrar a otro delincuente, yo la voy a aprovechar”.
Qué cambios está dispuesto a discutir el Ejecutivo
El funcionario cuestionó los tiempos del tratamiento legislativo. Según indicó, el proyecto fue enviado hace cinco meses y 22 días, con margen suficiente para que los diputados lo analizaran y propusieran alternativas.
Sobre las modificaciones acercadas recientemente, consideró que algunas eliminan aspectos centrales de la iniciativa. No obstante, dejó abierta la posibilidad de discutir cambios: “Estamos dispuestos a leer y a escuchar propuestas, pero propuestas formales”.
Angelini también mencionó otras herramientas que pretende sumar el Gobierno: mayores facultades para restringir las visitas a detenidos que continúen impartiendo órdenes desde las cárceles y la posibilidad de que el Ejecutivo ofrezca recompensas para obtener información sobre delitos.
Los controles sobre la Policía
Consultado sobre el riesgo de abusos ante una ampliación de las facultades policiales, el secretario aseguró que se fortalecieron los mecanismos de supervisión.
“Nosotros estamos ejerciendo un control muy fuerte sobre la Policía”, afirmó. En ese sentido, destacó la labor de la Secretaría de Control Institucional (Asuntos Internos) y la capacitación del personal como ejes de la gestión.
El funcionario atribuyó parte de la mejora en la seguridad al trabajo de las distintas divisiones policiales y pidió a los legisladores que acompañen la iniciativa. “Les pedimos a los diputados que nos den un voto de confianza”, expresó, antes de una discusión en la que siguen bajo debate los límites y controles de las nuevas facultades.