La Casa Blanca ya preparó una estrategia para gobernar frente a mayorías demócratas mediante órdenes ejecutivas, decretos y vetos, aseguran informes de medios internacionales.
Las prevenciones incluyen preparativos para contener las investigaciones parlamentarias que podrían abrirse contra la Administración.
El presidente Donald Trump recorrió el país tratando de movilizar a sus votantes y mantener las ajustadas mayorías de su partido en Washington, pero sus principales colaboradores llevan meses preparando todo por si toca perder, señalan informes del sitio France 24 y la agencia de noticias Reuters.
En público, Trump pide a los estadounidenses que voten republicano para evitar que sus adversarios políticos le aten las manos, haciendo hincapié en que él no figura en las boletas esta vez, pero deben hacer de cuenta como si estuviera en competencia.
El propio presidente anticipó el tono de lo que podría venir. En una entrevista para el podcast ‘Pod Force One’, del ‘New York Post’, Trump reconoció que, si los republicanos pierden el control del Congreso, podría convertirse en el “señor veto”. Su idea, explicó, sería utilizar esa facultad durante “uno o dos meses” antes de sentarse a negociar con los demócratas.
El entorno presidencial, clave en los preparativos
Al frente de buena parte de estos preparativos están dos figuras de peso en el entorno presidencial: Stephen Miller, subjefe de gabinete y uno de los principales arquitectos de la política migratoria de Trump, y Russell Vought, director de la Oficina de Gestión y Presupuesto. Ambos trabajan con el asesor jurídico de la Casa Blanca, Will Scharf, para identificar qué decisiones podría adoptar el presidente sin necesidad de una nueva ley.
Medidas concretas
En materia comercial, la Casa Blanca contempla imponer nuevos aranceles a las importaciones de minerales críticos y turbinas eólicas.
En inmigración, estudia endurecer las condiciones para los visados de estudiantes internacionales y trabajadores extranjeros temporales.
También hay propuestas relacionadas con la reducción de los costos de la vivienda y de la construcción.
El objetivo es encontrar instrumentos administrativos y legales que permitan avanzar en esas políticas sin someter cada iniciativa a una negociación con los legisladores demócratas.
Pero uno de los campos más sensibles es el presupuestario, rubro en el cual Vought examina qué prioridades de la Administración pueden financiarse con fondos que el Congreso ya autorizó.
Además, busca modificar las normas de concesión de subvenciones federales para dar a los cargos designados políticamente una mayor capacidad de decisión sobre qué programas reciben dinero público.
La operación podría traducirse en un cambio importante en la distribución del poder dentro de la Administración: la Casa Blanca tendría más margen para orientar el gasto federal sin necesidad de conseguir nuevas partidas presupuestarias en el Capitolio.
Es una manera de sortear parcialmente el bloqueo legislativo, aunque no de eliminarlo, explican, mientras que el Congreso conserva sus competencias presupuestarias y los tribunales pueden intervenir si la Administración rebasa los límites legales.