El Gobierno dispuso el fin del programa Remediar a través de la derogación de la Resolución 3424 emitida por la administración del Frente de Todos en el 2021 mediante la cual había surgido el vademécum de medicamentos esenciales. En paralelo, anunciaron la creación de un Plan Nacional para Enfermedades Cardiovasculares.
La decisión dejó fuera de la cobertura nacional a una decena de activos básicos entre los que se encuentran la levotiroxina, los anticonceptivos, la metformina, la amoxicilina, el salbutamol, el fluconazol, la loratadina y otros.
La cartera de Lugones argumentó que la eliminación del plan se debe a que, debido a que la causa vascular es la primera razón de muerte, se creó recientemente el Plan Nacional de Salud Vascular 2026-2030, el que está centrado en enfermedades vasculares.
Cuáles son los medicamentos que quedan
A partir del nuevo esquema, cada provincia deberá hacerse cargo de comprar el resto de los medicamentos esenciales. Para ello deberán utilizar presupuesto propio aunque podrán tomar de referencia el listado del 2021.
Este nuevo listado de esenciales que cobra vigencia hoy mismo solo deja en pie a seis drogas: el ácido acetilsalisílico, la atorvastatina, el candesartán, la hidroclorotiazida, el ramipril y la rosuvastatina.
Fin del Remediar: el Gobierno lanzó un plan nuevo
En los fundamentos, el Ministerio sostuvo que el listado de 2021 respondía al contexto sanitario de ese momento y que la evolución del perfil epidemiológico justifica un instrumento específico para las enfermedades vasculares.
Según la norma, entre el 34% y el 40% de los adultos tienen hipertensión arterial, con tasas de control inferiores a las metas recomendadas, y las cardiopatías isquémicas y las enfermedades vasculares explican entre el 28% y el 32% de las muertes registradas en el país.
En cuanto a la atención de emergencias, el plan prevé fortalecer las redes de atención del infarto agudo de miocardio y del accidente cerebrovascular, con protocolos, tiempos críticos de traslado y tratamiento, aplicaciones móviles para coordinar la derivación, notificación obligatoria de los casos y la posibilidad de firmar convenios público-privados.
También incluye líneas de acción para la insuficiencia cardíaca, la fibrilación auricular, las miocardiopatías, el pie diabético y la muerte súbita. En este último caso, propone ampliar los espacios cardioasistidos y crear un registro nacional de desfibriladores para georreferenciarlos y controlar que funcionen.