La Cámara del Crimen anuló el sobreseimiento de 44 policías, de la Metropolitana y de la Federal, acusados por dos muertes ocurridas durante la represión en la toma del Parque Indoamericano ocurrida el 7 de diciembre de 2010.
Fuentes judiciales informaron a la agencia Noticias Argentinas que el tribunal anuló el sobreseimiento a favor de los policías y apartó al juez de instrucción Eliseo Otero de la investigación. Asimismo, la Sala I confirmó el sobreseimiento de la jueza en lo penal y Contravencional porteña María Cristina Nazar, quien ordenó el desalojo del predio de Villa Soldati cuando fue tomado.
La investigación tiene en la mira a unos 33 policías de la Metropolitana y 11 de la Federal, a quienes se acusa por las muertes del ciudadano paraguayo Bernardo Salgueiro y de la ciudadana boliviana Rosemary Chura Puña. También se los responsabiliza por las graves heridas que sufrieron Wilson Fernández Prieto, Emanuel Ríos, Miguel Ángel Montoya, José Meruvia Guzmán, John Duré Mora y Juan Segundo Aráoz.
Durante esos días convulsionados por la toma de predios en la Capital Federal y el conurbano bonaerense también hubo una tercera muerte sobre la cual tampoco se sabe él o los autores.
Los camaristas Jorge Rimondi y Luis María Bunge Campos reprocharon al juez Otero que bien puede o no "compartirse" la acusación del fiscal Sandro Abraldes "pero que de ningún modo es merecedora de las descalificaciones a las que ha echado mano".
"Este marco sólo podría motivar, a lo sumo, un rechazo del requerimiento fiscal de legitimación pasiva de los imputados, pero no resulta una fundamentación razonable para su desvinculación definitiva", añadieron.
En la resolución, los jueces apartaron al juez Otero del caso por la "existencia de algún tipo de menoscabo en la imparcialidad" y que ello no inspire "la confianza necesaria a las partes en el caso".
Por su parte, el juez Alfredo Barbarosch hizo un voto propio en el que en forma parcial compartió los argumentos de sus otros dos pares, con lo cual la investigación se vuelve a reactivar.
El fiscal Abraldes apuntó hacia personal policial a raíz de pericias que determinaron que las armas de fuego utilizadas son similares a las que usa la fuerza, y tras descartar la utilización armas tumberas.
"La sospecha emergente del expediente abarca la hipótesis de que algunos de los integrantes de Policía Metropolitana sindicados efectuaron disparos de arma larga tipo escopeta, contra las víctimas, utilizando cartuchos de escopeta del tipo antitumulto adulterados mediante la sustitución previa con una posta de plomo: éste es el único modo en que puede explicarse la cantidad de heridas con un solo perdigón, en diferentes personas, en tiempos tan disímiles y en lugares tan distantes entre sí", según indicó el fiscal Abraldes.
Habitualmente descartadas tras el uso, pueden convertirse en aliadas inesperadas del reciclaje doméstico