Este martes, la Cámara de Apelaciones en lo Penal de Santa Fe confirmó la prisión preventiva a Sabrina Petitón, la última agente policial imputada por la tortura seguida de muerte de Mauro González. El joven fue hallado sin vida en un calabozo de la Comisaría 8va de la ciudad de Santa Fe.
El abogado de la familia de la víctima, Rodolfo Mingarini, detalló por LT10 el estado de la investigación por la muerte en custodia del joven, y destacó que la jueza Marta Feijóo fundamentó la cautelar en estándares internacionales de violencia institucional y anticipó las medidas previas al pedido de acusación formal.
Mingarini, explicó que el cuadro de responsabilidades en la causa se estructura en tres ejes principales. En primer término se ubica el personal del operativo directo. "Tenemos por un lado el grupo operativo, que fue el que produjo la aprehensión ilegal y mantuvo bajo su custodia a Mauro hasta que fue en el calabozo de la comisaría octava o estación norte, como se llama ahora", precisó el letrado.
Un segundo grupo corresponde a tres integrantes de la Guardia de Infantería que tuvieron una intervención breve, de los cuales uno fue imputado por propinarle un rodillazo al joven y luego quedó en libertad. En paralelo, una médica policial se encuentra imputada por homicidio culposo en una causa que tramita en un expediente separado.
Durante el procedimiento, los padres de la víctima —Juan Carlos, alias "Cacho", y María Rosa— advirtieron explícitamente al personal policial sobre la delicada salud de su hijo. Mauro había sido intervenido quirúrgicamente de manera reciente en la zona abdominal y atravesaba un cuadro crítico. Sin embargo, "ninguna de las dos advertencias fueron tenidas en cuenta por el personal policial", remarcó Mingarini.
Gravedad institucional y riesgo probatorio
Al fundamentar la prisión preventiva para la última agente policial detenida, la jueza Marta Feijóo sustentó su fallo en la Resolución 2/97 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). El abogado querellante valoró el rigor de la decisión judicial y su encuadre en el derecho internacional público.
Al respecto, Mingarini citó las consideraciones de la magistrada: "Hizo mención muy claramente a la resolución 2 del año 97 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos... advirtió que aumenta en una forma drástica las cuestiones que tienen que ver con las posibilidades de entorpecer". Asimismo, agregó que la pertenencia de los imputados a una fuerza de seguridad eleva la gravedad de los hechos: "Se refirió específicamente a la gravedad institucional del caso. Había que estar muy desatento para no darse cuenta de que realmente lo había estudiado muy bien al caso".
Diligencias finales y la elevación a juicio
La investigación penal se encuentra bajo la dirección del fiscal Ezequiel Hernández, quien avanza en las últimas medidas probatorias del expediente. Las tareas pendientes incluyen el análisis de recorridos, pericias sobre dispositivos celulares y la recepción de nuevas declaraciones testimoniales.
"Una vez que se presente la acusación y esta sea admitida por el juez de la etapa intermedia, ahí ya se señalará la fecha de juicio", sostuvo Mingarini. Consultado sobre la modalidad en la que se llevará a cabo el debate oral y público, el abogado confirmó que la causa reúne las condiciones para ser juzgada bajo el sistema de jurados populares: "Sí, claro, por las características y por el delito imputado", concluyó