El hecho fue advertido inicialmente por una familia que se encontraba en el sector rindiendo homenaje a uno de sus niños y detectó una irregularidad en la sepultura. Tras tomar conocimiento de la situación, las autoridades del cementerio radicaron de forma inmediata la denuncia penal ante el Ministerio Público de la Acusación (MPA). "Nos sorprendió a todos en una situación dolorosa y lamentable; cuando tomamos conocimiento, inmediatamente hicimos la denuncia penal ante el MPA por los caminos que corresponden", sostuvo Luz Balbastro en diálogo con el móvil de LT10.
Ante la confirmación del episodio, la funcionaria acudió personalmente al domicilio de la madre de la criatura para coordinar las acciones de resguardo e iniciar las actuaciones correspondientes. En presencia de la mujer, el personal concretó el procedimiento para finalizar la exhumación y trasladar el cuerpo a otra parcela con el objetivo de preservar los restos. "Lamentablemente se trató de un conflicto intrafamiliar. Fuimos y buscamos a la madre; con la madre hicimos el procedimiento de terminar la inhumación y de trasladarlo a otro lugar para evitar la continuidad de este conflicto", precisó la funcionaria.
En cuanto a los mecanismos de vigilancia, Balbastro explicó que la administración amplió el circuito de seguridad a 14 cámaras operativas en el predio, aunque la extensión de 11 hectáreas dificulta el monitoreo total de la superficie. Al no contar con dispositivos de video en la parcela específica donde ocurrió el hecho, el aviso de los visitantes resultó determinante para intervenir con rapidez. "Es un predio más grande que el Fonavi San Jerónimo; estamos en un trabajo de ampliar las cámaras, pero en ese sector puntualmente no había", argumentó la responsable del predio.
Esta presentación judicial se suma a una serie de actuaciones permanentes que el cementerio tramita a través del Centro Territorial de Denuncias que funciona dentro del propio predio. Según detalló Balbastro, las denuncias se vinculan al robo sistemático de placas, la vandalización de panteones privados y la rotura de féretros impulsada por redes ilegales de comercialización de metales. "Son denuncias que tienen que ver con vandalización de panteones privados, con robo de lápidas y vandalización de féretros", detalló la entrevistada.
Con el propósito de mitigar el negocio ilegal de reventa, la administración puso en marcha un programa de donación que cuenta con stock de lápidas para asistir a las familias sin recursos. No obstante, la funcionaria lamentó la falta de avances o respuestas por parte de los investigadores judiciales respecto a la veintena de denuncias radicadas. "El MPA entiendo que por ahí tiene otras urgencias y, al menos nosotros, no tenemos conocimiento de que hayan prosperado esas denuncias", concluyó Balbastro.