Los laboratorios latinoamericanos destacaron que el sistema de patentes medicinales aplicado en la región logró reducir el precio de los medicamentos en los países en desarrollo, y reafirmaron que este método de otorgamiento de licencias debe servir para promover y proteger la salud pública.
"No cabe duda que las licencias obligatorias demostraron su efectividad para reducir los precios de los medicamentos patentados", dijo el secretario general de la Asociación Latinoamericana de Industrias Farmacéuticas (ALIFAR), Rubén Abete, en la reunión anual de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI).
Abete, quien a su vez es presidente de la Cámara Industrial de Laboratorios Argentinos (CILFA), advirtió que "el problema del acceso a los medicamentos en los países en desarrollo no surge de la disponibilidad o no de fármacos, sino de que su precio sea accesible para la población y para los presupuestos de salud pública".
En base a esta postura, la ALIFAR explicitó en una reunión celebrada en Ginebra, Suiza, la propuesta de Sudáfrica presentada en nombre del Grupo Africano y del Grupo de la Agenda para el Desarrollo, informaron en Buenos Aires fuentes del sector farmacéutico.
La propuesta sudafricana sostiene que "el sistema de patentes debe servir para promover y proteger la salud pública", y que como tal, "las regulaciones en materia de patentes deben ser compatibles con el derecho a la salud de la población y el acceso a los medicamentos".
En contraposición, Abete dijo que "ALIFAR rechaza la pretendida vinculación entre la mayor protección por patentes y el acceso a los medicamentos en los países en desarrollo", y resaltó que existe una extendida opinión internacional sobre las "consecuencias negativas para la salud pública" que tienen legislaciones con un sistema de patentes muy riguroso.
Abete rechazó la adjudicación a los sistemas de patentes de la responsabilidad por la ausencia de medicamentos en ciertos mercados al entender que eso "en los países en desarrollo no surge de su disponibilidad o no, sino de que su precio sea accesible para la población y para los presupuestos de salud pública".
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