Se confirmó en segunda instancia la prisión preventiva de una suboficial de la Policía de Investigaciones (PDI), investigada por la presunta filtración de información reservada que habría permitido frustrar parcialmente allanamientos por una causa de microtráfico en Avellaneda, .
La decisión fue tomada por el camarista Eduardo Bernacchia, quien ratificó la resolución dictada en primera instancia por el juez Mauricio Martelossi. La imputada tiene 27 años y sus iniciales son EEO, quien continuará privada de su libertad y a disposición del Servicio Penitenciario. En el mismo legajo también se encuentra imputado un oficial de la PDI, quien permanece en prisión preventiva.
Según la acusación, ambos agentes se habrían valido de su condición de funcionarios públicos y del acceso a información confidencial para favorecer a personas vinculadas con una investigación por comercialización de estupefacientes al menudeo. La investigación está a cargo del fiscal Sebastián Galleano, integrante de la Unidad Fiscal Especializada de Microtráfico de la Fiscalía General.
De acuerdo con la atribución delictiva, los hechos ocurrieron en el marco de una serie de allanamientos realizados el viernes 29 de mayo en Avellaneda.
Galleano explicó que, mientras la suboficial se encontraba de licencia, el otro agente investigado le comunicó la fecha exacta en la que se realizarían los procedimientos. A su vez, la mujer habría enviado un mensaje por WhatsApp a uno de los residentes de los domicilios que iban a ser allanados para alertarlo sobre el operativo.
Para el fiscal, esa comunicación permitió que el hombre y otras personas de su entorno pudieran tomar medidas para evitar la persecución penal. La mayoría de los allanamientos tuvo resultados negativos. La investigación también detectó, de acuerdo con el MPA, acciones posteriores destinadas a eliminar evidencias.
Al fundamentar la confirmación de la prisión preventiva, Galleano destacó que el camarista Bernacchia consideró que las evidencias reunidas hasta esta etapa resultan suficientes para tener por acreditada, con el grado de probabilidad requerido, la materialidad del hecho.
Por todo ello, a la suboficial de la PDI se le atribuye, en calidad de coautora, la presunta comisión de los delitos de encubrimiento agravado por su condición de funcionaria pública e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Los mismos delitos fueron atribuidos al oficial que también permanece detenido preventivamente.